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Las duras navidades de bajas por culpa del virus
zar la finalidad protectora de la misma, conjuntamente con el control necesario para evitar posibles fraudes”, subraya el departamento que dirige Escrivá.
Según las cifras oficiales, desde el comienzo de la pandemia, algo más de dos millones de trabajadores han causado baja laboral desde el inicio de la pandemia, lo que ha llegado a triplicar los niveles de absentismo registrados antes de la crisis sanitaria -respecto al cierre de 2019-. En este punto, de cara a 2022, la previsión el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un punto porcentual del PIB, un 8,3% más que en el pasado 2020.
Más de 4.000 millones a autónomos
En este esfuerzo protector sin precedentes por parte de la Seguridad Social para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia, un capítulo aparte han sido las prestaciones extendidas para el colectivo de trabajadores por cuenta propia. En este plano, el Ejecutivo ha concedido prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, un total de 4.336,8 millones de euros, a causa de los cierres y restricciones aplicadas durante la pandemia para sortear el virus. Según advierten desde ATA, esta circunstancia no evita que siete de cada diez autónomos no llegarán a recuperarse hasta “bien entrado” el año 2023, entre otras cosas por el coste de la luz, -que actualmente es un 400% más cara- y llenar el depósito de carburante supone a un autónomo en torno al 35% más que el año pasado.
Precisamente por esta coyuntura de recuperación económica incompleta, el Gobierno abrió una nueva vía de financiación para el colectivo de trabajadores por cuenta propia, al menos aquellos más afectados, asociados a sectores turísticos como el transporte o la hostelería. Así, desde mayo de 2021 se abrió un fondo de ayudas directas para autónomos de hasta 7.000 millones de euros que serían puestos a disposición de las comunidades autónomas para su administración. De los cuales, las asociaciones aseguran que un 40% del dinero se ha quedado en las arcas públicas debido a los requisitos estrictos impuestos para poder beneficiarse de estas prestaciones. “Prácticamente el 40% de los fondos del plan de rescate no han sido consumidos por las comunidades autónomas. Estas ayudas han sido un auténtico fiasco, hasta tal punto que se ha premiado a quienes no han pagado sus facturas frente a quienes han vaciado sus bolsillos y los de su familia para pagar a la cadena de proveedores”, apunta el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Los altos niveles de positivos por infección de Covid que se están registrando en esta sexta ola han hecho saltar las alarmas en las empresas por el volumen de trabajadores que, debido a la cuarentena exigida por las autoridades, tienen que pedir la baja a sus médicos de cabecera. A lo que se ha sumado el caos generado en los servicios autonómicos de atención primaria que está dificultado la certificación de las bajas y de las altas de todos aquellos afectados que se ven obligados a quedarse en casa sin tener los certificados médicos acreditativos.
A pesar de que los trabajadores que han solicitado la baja durante diciembre se han multiplicado por siete (623%), el impacto geográfico ha sido muy diferente. Por comunidades autónomas, Extremadura ha sufrido el crecimiento más abultado, un 1.634%, lo que equivale a multiplicar por 17 las bajas; mientras que en Euskadi, en el otro extremo, las bajas se han multiplicador solo por tres, un 198% de subida, según las cifras que maneja Amat, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Tras Extremadura, Castilla y León tuvo el segundo mayor aumento en las bajas de diciembre sobre noviembre, un 1.065%, seguido de Andalucía 1.023%.
Algo más de dos millones de trabajadores han causado baja desde el inicio de la pandemia