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La CNMC regula el acceso de las plantas de biometano para evitar la especulación
Permitirá fijar un pago de 1.000 euros por estudio de proyecto para los distribuidores y exigirá a distribuidoras y transportistas que respeten la confidencialidad de los datos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere evitar que se descontrole el boom existente en España con el biometano. Para lograrlo, el organismo que preside Cani Fernández acaba de someter a información pública una propuesta para establecer el procedimiento de gestión de las conexiones de estas plantas a la red, de modo que se puedan evitar los conflictos de acceso que se puedan producir en algunas zonas de España donde estas instalaciones están creciendo a mayor velocidad.
Esta resolución aplica únicamente al proceso de gestión de las conexiones a la red gasista por parte de las plantas de biometano y, por tanto, a los solicitantes de dicha conexión, a los titulares de las redes de distribución y transporte y al GTS.
Los interesados en conectar una planta de biometano a la red de gas deberán presentar una solicitud de conexión ante el titular de la red de transporte o distribución donde tendría lugar la conexión y que actuará como punto de contacto único para el solicitante. El procedimiento obliga a los titulares de las redes a mantener plataformas web para la gestión, tramitación y seguimiento de las solicitudes, que deberán ser accesibles a través de la web del operador y de fácil manejo.
El criterio de ordenación de la tramitación de las solicitudes de conexión será la prelación temporal. Por ello, la plataforma deberá permitir la trazabilidad de las comunicaciones y notificaciones efectuadas por parte de los solicitantes y de los titulares de red y obtener resguardos acreditativos de las mismas por parte de los solicitantes de conexión en los que se haga constar la fecha y hora de presentación.
Con el fin de evitar solicitudes de conexión de proyectos que no estén suficientemente maduros o especulativos que puedan generar un volumen de solicitudes que impidan una gestión eficiente, se considera la posibilidad de que los titulares de redes puedan requerir un pago por la elaboración del presupuesto de la conexión de hasta un máximo de 1.000 euros. En cualquier caso, esta cantidad será
conocida por los agentes con anterioridad, así como las instrucciones para su abono.
El titular de la red dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de una solicitud
Se crea una plataforma para conocer las capacidades existentes en la red
de conexión para responder al solicitante sobre su admisión o no a trámite. La contestación al solicitante de la conexión será realizada por el titular de red que recibió la petición en un plazo máximo de 40 días hábiles desde la fecha de su presentación.