El fraude del diésel requiere una actuación inmediata del Gobierno

El fraude en el sector de la distribución de carburantes en España lleva coleando más de una década. Un problema que, lejos de solucionarse, ha aumentado hasta tal proporción en los últimos meses que las distintas asociaciones que defienden los intereses de las empresas afectadas, han pedido al Gobierno que tome medidas urgentes para erradicarlo.

Aunque el Ejecutivo incluyó en el Real Decreto-ley 8/2023 de finales de diciembre una serie de medidas para reducir estas prácticas fraudulentas, como la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, el hecho de que no entre en vigor hasta finales de marzo ha generado, según afirman desde el sector, “un efecto llamada” que ha provocado que cerca del 8% de las estaciones de servicio del país –en torno al millar de gasolineras–, esté vendiendo carburantes por debajo del precio de mercado

Según estimaciones realizadas por KPMG –y que la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) recoge en su último boletín–, el volumen de ventas que podrían estar gestionando los operadores irregulares asciende a 26.000 millones entre 2013 y 2022. Por su parte, los importes defraudados o impagados detectados en materia de IVA en el mismo período ascenderían a 588 millones, una cifra que la Agencia Tributaria eleva a cerca de 700 millones y que equivale a casi el 6% de la recaudación total del impuesto de hidrocarburos, tal y como adelantó elEconomista.es.

La tentación inconfesable de no actuar para contener el IPC no puede ser el parapeto de los defraudadores

Este tipo de delitos no solo se producen en España. Otros países como Italia también los han sufrido. De ahí que la medida que proponen desde el sector para acabar con esta lacra –y que esperan que se incluya en el articulado del RDL 8/2023 cuyo plazo de enmiendas finalizó el 28 de febrero–, sea muy similar a la que implantó hace seis años el país que dirige Giorgia Meloni y que consiste en que antes de extraer los carburantes del depósito, se deberá garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente a la venta posterior que se realizará del producto, bien prestando algún tipo de aval o demostrando que es un operador confiable según su perfil de cumplimiento con la Administración.

El Gobierno debe tomar rápidamente cartas en el asunto y tratar de acabar con una lacra que lleva ya demasiados años en nuestro país y provoca un encarecimiento indirecto de los carburantes en el largo plazo ya que acaba destruyendo el nivel de competencia del sector. La tentación inconfesable de no actuar para contener el IPC no puede convertirse en el parapeto en el que se refugian los defraudadores para seguir haciendo su agosto a costa de las empresas grandes y pequeñas que sí que cumplen al pie de la letra con la normativa.