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La falta de redes frena el acceso a la demanda eléctrica en España
Modernizar, reforzar y ampliar las redes eléctricas de transporte y distribución en España se ha convertido en una prioridad. Asociaciones y comunidades autónomas temen que el plan energético del Gobierno provoque un riesgo de fuga de las inversiones haci
Las necesidades asociadas a la transición energética, la electrificación y la digitalización de la economía, están llevando a la aparición de nuevos proyectos industriales en España de carácter estratégico, con gran capacidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo, muchos de los cuales se caracterizan por conllevar unos consumos de electricidad significativos.
Satisfacer la creciente demanda vinculada a la movilidad limpia, la calefacción y la refrigeración, la electrificación de la industria, la integración de un gran porcentaje de energía renovable y la puesta en marcha de la producción de hidrógeno verde, entre otras cuestiones, ha vuelto a poner el foco en la necesidad de reforzar, modernizar y ampliar las redes españolas de transporte y distribución en base a una planificación ágil, flexible, dinámica y adaptada a las nuevas demandas, que permita acometer las inversiones necesarias y que responda a criterios de eficiencia, tal y como demandan desde el sector. Y es que gran parte de las actuales infraestructuras de redes se planificaron hace décadas, con un sistema energético muy distinto, donde la penetración de las renovables y de la demanda era aún muy escasa.
En octubre de 2022, el Gobierno ya anunció -dentro del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE)- la introducción de modificaciones puntuales en la Planificación 2021-2026 para dar viabilidad a proyectos estratégicos a corto plazo, así como el inicio de los trabajos de una nueva Planificación para el período 2024-2029. La primera de las acciones se lanzó en diciembre pasado; sin embargo, lejos de ser recibida con entusiasmo, ha provocado cierto descontento y numerosas críticas.
Concretamente, el 15 de diciembre de 2023 la secretaría de Estado de Energía sometió a trámite de audiencia pública la propuesta de las modificaciones puntuales al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026 (MAP), a fin de incluir las actuaciones urgentes en la red de transporte consideradas estratégicas y prioritarias para la transición energética, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado 12 de enero. Las modificaciones incluyen 64 actuaciones: 17 para
atender nuevas demandas de elevada potencia, siete para almacenamiento y generación renovable, dos para cubrir necesidades de operación y 38 para atender necesidades surgidas en la ejecución de la propia Planificación. Todas ellas requerirán una inversión de 321,2 millones de euros.
Paloma Sevilla, directora general de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), ha señalado a elEconomista Energía que, en esta propuesta, “se deberían haber incluido las actuaciones para habilitar la conexión de nuevas solicitudes de demanda que se han dirigido a los gestores de las redes de distribución y que requieren de dichas modificaciones, estimadas en unos 6.000 MW para el conjunto del Estado”. Sin embargo, a pesar de estar debidamente justificadas y cumplir con los criterios que presiden la MAP, “se han excluido el 95% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica para atender los nuevos suministros en la red de distribución de futuros proyectos industriales. Entre ellos, industrias que necesitan mayor capacidad de acceso a la red eléctrica para descarbonizarse y nuevos centros de procesos de datos de gran consumo energético”, explica Sevilla.
Esta circunstancia, añade la directora general de aelēc, “limitará el crecimiento económico de nuestro país, eliminando las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no es posible brindarles acceso, conllevando a su vez a un riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que conseguir el acceso a la red sea más sencillo”, de ahí que afirme que dicha modificación “no está alineada con las nuevas necesidades de la demanda”, pida “que se enmiende de forma sustancial”, a la vez que solicita que “las inversiones en transporte con cargo al sistema eléctrico que salgan adelante sean las que más valor aporten a la economía y al desarrollo nacional”.
Las comunidades autónomas tampoco han reaccionado de forma positiva a la propuesta de modificación urgente. Dos de las más críticas han sido Madrid y Andalucía. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que dicha propuesta “no recoge actuaciones prioritarias para una región que, actualmente, gestiona en torno al 20% de la potencia renovable en tramitación en España y donde solo se van a destinar seis de los 321 millones que el Gobierno va a invertir”.
Por su parte, Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha señalado a nuestra publicación que “el Ministerio solo nos ha autorizado un proyecto que no tiene presupuesto, dejando fuera un total de 76 proyectos que suponen unos 3.000 MW”. “El problema -explica el consejero-, es que la decisión
de inversión hay que tomarla ahora y si tenemos que esperar 20 meses a que se apruebe el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte a 2030, el inversor va a desarrollar su proyecto fuera de España”.
La importancia de los centros de datos
Los centros de datos también tienen mucho que decir a este respecto al ser estructuras esenciales para que haya transición digital y ecológica. “Los operadores que llevan 15 o 20 años instalados en España están explorando todas las vías de crecimiento. Pero es que, además, hay muchísimos actores nuevos que buscan entrar en este sector en España, así como las grandes operadoras tecnológicas que están desarrollando sus nubes”, señala Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC, la asociación de Data Center en España.
“De los 50 proyectos que se querían desplegar en Madrid y que solicitaron desarrollo de la red, explica Giménez, solo uno ha tenido reflejo. Los otros 49 están en peor situación hoy de lo que estaban hace unos meses”. Y es que, “por temas de latencia y conectividad, la mayoría de centros de datos no se pueden ubicar en cualquier lugar, siendo las mejores opciones el entorno de regiones como Madrid y Barcelona”, añade Giménez.
Los centros de datos son esenciales para que haya transición digital y ecológica
“Los datos son el petróleo del siglo XXI y España tiene una posición privilegiada para convertirse en potencia de atracción de Data Centers, pero, para eso, es necesario contar con una planificación de la red de transporte que no sea quinquenal, y ahora mismo estamos en 2024, con un Plan a 2021-2025, con datos de 2019”, concluye el director de Spain DC.
Precisamente, el pasado 23 de diciembre, se puso en marcha el procedimiento para diseñar la Planificación de electricidad con un horizonte 2025-2030, cuyo plazo para remitir las propuestas por parte de los sujetos interesados finaliza el próximo 31 de marzo. Un periodo que, tanto eléctricas como administraciones, consideran demasiado largo y rígido para el dinamismo que están detectando en inversiones y proyectos industriales. Uno de los impedimentos para que las empresas e industrias puedan conectarse a la red es el límite que marca la ley a la inversión en redes de transporte y de distribución, que no puede superar el 0,65% del PIB en el caso del transporte y el 0,13% en el de la distribución.
En relación a este tema, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la CAM, Carlos Novillo Piris, explica que “en las reuniones que estamos teniendo las comunidades autónomas con Red
Eléctrica para la Planificación a 2030, se nos ha comentado que se prevé la entrada en torno a cuatro veces más proyectos de los que van a poder seleccionar y que el criterio que básicamente se va a tener muy en cuenta a la hora de elegir, es el denominado criterio de madurez, que aún no ha sido definido y que les tiene que dar el Ministerio. Y esto nos preocupa. Porque, evidentemente, habrá proyectos industriales que van a estar maduros y que no han entrado en la MAP, pero va a haber otros proyectos a 2030 que todavía no están maduros pero que son igual de importantes”.