No pongamos palos en las ruedas a la inversión y desarrollo del sector de la Dependencia
Partimos de una realidad que es incontestable: España es el segundo país más longevo de Europa. Las personas mayores de 64 años ya representan un 20% de la población (más de 9,6 millones de personas) y este porcentaje podría incrementarse hasta el 24% en 2030. Por ello, se estima que para dar cobertura a las necesidades futuras de plazas residenciales previstas para 2030 se deberán de generar 190.000 plazas geriátricas, con una inversión de 5.700 millones.
Ante esta circunstancia, lo lógico sería pensar que las medidas políticas que se debieran tomar, tendrían que ir enfocadas a fomentar la inversión en un sector tan capital como es el de los cuidados a las personas mayores y dependientes. Pues bien, asombrosamente se está haciendo todo lo contrario.
El sector está afrontando una época de incertidumbre creada por el conocido como ‘acuerdo Belarra’ de 2022, que intentó poner las bases de un nuevo modelo para el sector que ha frenado en seco el apetito inversor y ha supuesto la paralización de al menos 100 residencias de ancianos en toda España, un 19% de las nuevas construcciones, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Este acuerdo, que el Gobierno aprobó, sin una memoria económica que acreditara su viabilidad y sostenibilidad, sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición inicial de nueve comunidades autónomas y que obliga a las empresas a cumplir unos requisitos muy severos de transformación, establece que las nuevas residencias que se construyan deberán tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, 90 en zonas de densidad intermedia y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas.
Además, deben contar con al menos un 65% de habitaciones individuales, un incremento de las ratios de empleados y residentes que supone contar con un profesional por cada dos residentes, así como la reestructuración de todas las nuevas residencias de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas.
Estos requerimientos tan exigentes, que no tienen ningún estudio técnico que los respalden, lo único que han conseguido es que, en la realidad, nin
guna comunidad autónoma los ha traspuesto a sus normativas, por lo que este nuevo modelo de acreditación, en vez de una mejora, ha creado una situación de desconcierto e incertidumbre que está haciendo un gran daño al sector, frenando en gran medida el apetito inversor, y no nos lo podemos permitir.
El problema no radica solo en que unas medidas políticas improvisadas y sin criterios técnicos objetivos estén poniendo trabas a unos inversores que están retrasando su decisión de ejecutar proyectos, que también, sino que, o se resuelve pronto, o a corto plazo nos vamos a encontrar un problema de dimensión crítica: el sector tiene un déficit de camas que alcanza las 75.000 plazas residenciales.
Además, la generación del baby boom (los nacidos entre 1957 y 1977) va cumpliendo años y se estima que en el plazo de una década muchos de ellos comenzarán a precisar algún tipo de servicio de atención (en la actualidad hay más de 12 millones de los denominados boomers), y no vamos a poder dar una respuesta como sociedad a este problema.
Además, reclamamos una modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios públicos del IPC y los asocia a los costes, bloqueando la revisión periódica de los contratos del sector público. Como consecuencia, estamos observando, una ralentización clara en la inversión a la hora de construir nuevas residencias para personas mayores, decenas de concursos de adjudicación en distintas áreas quedan desiertos o incluso aseguran que la continuidad de varias empresas del sector está «en riesgo» por las pérdidas que supone este bloqueo.
La FED propone derogar el sistema de acreditación actual y sustituirlo por uno que realmente sea posible de ejecutar
Somos un sector en continua mejora, absolutamente consolidado y capital para nuestra sociedad y que en los últimos años ha sido muy del gusto de inversores para financiar los inmuebles, sobre todo extranjeros que han visto mucho potencial en nuestra geografía y nuevas soluciones de habitabilidad senior pero no podemos permitir que el marco de inestabilidad e incertidumbre actual incida en la desaceleración que se está produciendo de las inversiones, en un sector que, no lo olvidemos, es un gran generador de empleo, sobre todo femenino.
Desde la FED (Federación Empresarial de la Dependencia) reclamamos al nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que abra una nueva mesa de diálogo con los agentes principales del sector para analizar nuestras propuestas, que se focalizan en derogar el sistema de acreditación actual y sustituirlo por uno que realmente sea posible de ejecutar.
Un aumento de la financiación pública (España solo destina un 0,7% del PIB al sector de la dependencia, frente al 2,5% de Alemania o Noruega), anular la desindexación, acelerar la tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas para la Dependencia y tomar medidas para intentar paliar el déficit de profesionales del sector, sobre todo en enfermería, mediante la creación de nuevos perfiles a través de formación profesional, el incremento del número de plazas universitarias y la aceleración en la homologación de títulos de profesionales que provienen de terceros países, que actualmente tarda hasta dos años.
Estamos a tiempo de ponernos a remar todos juntos para que se vuelvan a crear las condiciones que atraigan de nuevo las inversiones en nuestro sector y lograr lo que, al fin y al cabo, es nuestro objetivo común: asegurar el bienestar de nuestros mayores y de las personas dependientes, creando un sistema sostenible en tiempo y capaz de atender las necesidades del futuro.