La farmacia pide auxilio
Alrededor de 1.000 farmacias españolas, de las 22.000 existentes, están actualmente al borde de la quiebra y pensando en cerrar su establecimiento. La causa no es que hayan bajado sus ventas de medicamentos o los márgenes se hayan reducido tanto que su balance a final de año no sea positivo. No. La razón principal para esta situación es que los gobiernos regionales que deben reembolsarles el importe de la factura de los medicamentos, sencillamente no lo hacen o lo hacen con meses de retrasos. Hay que tener en cuenta que en el modelo de negocio de una farmacia, este pago por parte de la administración supone alrededor del 80 por ciento de la factura total, ya que la mayor parte del coste de los medicamentos tiene financiación pública. Ante esta situación, el resto de empresas del sector son las que han salido al rescate.
Como recogemos en este número de EcoSanidad, tanto las empresas de distribución de medicamentos que dispensan a las farmacias, como Cofares, hasta otras empresas del sector que realizan labores de consultoría y auditoría, como la mutua Previsión Sanitaria Nacional, han decidido aplazar sus cobros a los farmacéuticos o aplicarles descuentos para que, sencillamente, puedan sobrevivir. Desde las compañías farmacéuticas también se ha instado al Gobierno a que una parte de la deuda que mantienen con ellos, la dediquen a solucionar este problema. Desde luego, ha sido una respuesta que honra al sector farmacéutico en general, que a veces recibe críticas por su mala imagen. En este caso, desde luego, han actuado todos como sector y sin que nadie se quiera aprovechar del otro. Y eso que tanto la distribución como los laboratorios son los siguientes afectados en esta cadena. Sufren también la “patada hacia abajo”. Si las farmacias no cobran, no pueden pagar al distribuidor, y este deja de pagar al laboratorio. La situación de impagos estalló el pasado año, pero como mostramos en nuestras páginas, la situación se está repitiendo este 2012 en varias comunidades. Especialmente, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña. No es por tanto la mala gestión de una comunidad. Aunque, sin duda, son las farmacias valencianas las que viven una situación más compleja. La Generalitat adeuda 480 millones de euros, que además no pueden entrar en el plan de pago a proveedores, ya que se trata de cantidades adeudadas por la administración regional entre febrero y junio de 2012, y no de otros años, como exige la legislación. En esta Comunidad, donde los farmacéuticos han protestado de forma masiva y amenazan con ir a la huelga, ya hay farmacias que han agotado su liquidez en los bancos y no pueden dispensar porque no pueden adquirir los medicamentos. La solución debe llegar ya.