Fin de fiesta del turismo sanitario
Los turistas sanitarios pasarán por caja este verano. Todos los extranjeros que no tengan convenio con España deberán pagar sus tratamientos y los europeos tendrán que acreditar su seguro, según la nueva normativa sobre derecho de residencia en España
Fin de la barra libre sanitaria para extranjeros. Las comunidades autónomas ya han dado instrucciones para cobrar la asistencia sanitaria que reciben los extranjeros en los centros y hospitales públicos españoles.
Es el caso de los ambulatorios catalanes, que cobrarán todas las visitas de turistas de países que no tengan un convenio de seguro con España. Los centros de atención primaria de la red catalana han instalado ya los datáfonos para pasar las tarjetas de crédito, una vez que el Instituto Catalán de Salud (ICS) ha aprobado la nueva orden de precios sobre las prestaciones sanitarias, que no se actualizaba desde 2005. El gerente del ICS, Joaquim Casanovas, ha señalado incluso que es preferible que se haga con tarjeta para evitar la circulación de dinero.
La sanidad catalana prevé facturar 70 millones de euros por la activación de estos cobros, especialmente por accidentes de trabajo y de tráfico. Es una muestra de que los cambios introducidos en la reforma sanitaria del Gobierno ya están en marcha.
Además, los europeos y sus familiares que quieran pasar más de tres meses en España sin trabajar deberán acreditar que están cubiertos por un seguro médico público o privado, que proporcione asistencia durante su residencia, y disponer de
recursos económicos suficientes para mantenerse durante su estancia “para sí y para los miembros de su familia”.
No se trata más que de adaptar correctamente a España la normativa europea y aplicar la misma vara de medir que el resto de países, “para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia”. Es lo que exige la nueva Orden Ministerial de Presidencia sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos europeos, que entró en vigor el pasado 11 de julio, y que permitirá facturar “de manera rápida y directa al país de origen”, según el Ministerio de Sanidad. Los extranjeros deberán además inscribirse en el Registro Central de Extranjeros.
El Gobierno va cerrando así algunas de las muchas vías de agua de la sanidad pública que denunció el Tribunal de Cuentas y que costaron a España 917 millones de euros en 2009, al no facturarse la atención sanitaria de cerca de 700.000 extranjeros que ya tenían cubierta esta prestación por sus países de origen.
España sólo emite facturas por un total de 103.672 pensionistas a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados es España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas por las que España no percibe ninguna cuota, apuntan desde Sanidad. Hay un uso abusivo “deliberado” del sistema sanitario español por parte de extranjeros, como denunció el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a personas no españolas.
Como explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, el objetivo es “evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”.
Los turistas sin convenio o sin seguro son algunas de las muchas formas de beneficiarse de la sanidad española. En otros casos, España está prestando asistencia a personas protegidas por la Seguridad Social de Portugal y de Francia que se trasladan a España sólo con la finalidad específica de beneficiarse de la atención sanitaria española.
La reforma obliga también a los extranjeros en España que no estén registrados ni autorizados como residentes en España a acreditar su condición de asegurados a la Seguridad Social antes del 31 de agosto o se les retirará la tarjeta sanitaria. Sólo tendrán acceso a las urgencias en casos de partos, cuidados pediátricos y enfermedad grave o accidente.
Algunas comunidades, como Cataluña, Andalucía o el País Vasco, ya han avisado de que incumplirán la reforma del Gobierno que deja sin tarjeta a los extranjeros irregulares en España. Desde algunas ONG como Médicos del Mundo se tacha de apartheid sanitario. La Generalitat valenciana también garantizará la cobertura sanitaria de los sin papeles en Atención Primaria a través de una tarjeta sanitaria nueva “con carácter excepcional y transitorio”. El órgano fiscalizador también advierte del “elevado coste económico” de la asistencia a extranjeros europeos o de países con convenio bilaterales firmado con España sin recursos económicos suficientes. “Dicha situación ha implicado un grave perjuicio económico, en especial en cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestación de servicios médicos a los europeos, tal y como ha señalado el Tribunal de Cuentas”, explica el preámbulo de la Orden. “Se entenderá, en todo caso, que los pensionistas cumplen con esta condición si acreditan, mediante la certificación correspondiente, que tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben su pensión», explica el texto. Por su parte, a quienes vayan a vivir más de tres meses trabajando en España también se les exigirá una declaración de contratación del empleador, un certificado laboral, un contrato registrado en el Servicio de Empleo o la acreditación del alta en la Seguridad Social.
La asistencia a extranjeros europeos o de países con convenios bilaterales con España suma un colectivo de 453.349 personas y costó en 2009 a las arcas autonómicas 451,48 millones de euros.