Vista gorda en el fraude sanitario
El Gobierno destapa que 200.000 trabajadores se hacen pasar por pensionistas para no pagar medicamentos, pero ni la Seguridad Social ni ninguna comunidad abre expediente a los infractores.
Hasta ahora ningún Gobierno se había atrevido a poner cifra al uso fraudulento de la tarjeta de pensionista para obtener los medicamentos gratis en España. El Ministerio de Sanidad ha sido el primero en cruzar y depurar las bases de datos de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Sanidad para aplicar el nuevo copago farmacéutico. ¿El resultado? Cerca de 200.000 trabajadores figuran como beneficiarios de la tarjeta de un pensionista.
El coste del fraude de las tarjetas puede superar los 450 millones de euros. La cifra avanzada por Sanidad representa el 2 por ciento del total de titulares de una tarjeta sanitaria y, según el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Jaume Puig-Junoy, puede suponer un coste de entre el 4 y el 5 por ciento del gasto farmacéutico, “puesto que con la gratuidad el gasto es mucho más elevado”, sostiene este experto.
A pesar de estas cifras millonarias, desde que la ministra de Sanidad, Ana Mato, dio la alarma el pasado 25 de junio, ni su departamento, ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ni ninguna comunidad han decidido por ahora denunciar o sancionar el fraude de la tarjeta sanitaria para sacar medicamentos gratis.
Es más, la Junta de Andalucía no tiene constancia de ninguna irregularidad y ha pedido detalle de la información que maneja el Gobierno sobre el fraude de las tarjetas sanitarias sin obtener ninguna respuesta, según fuentes de la Consejería de Sanidad consultada por EcoSanidad, que achacan la denuncia del Ministerio a la “estrategia de culpabilizar a los ciudadanos”. En
Cataluña cada tres meses cruzan sus datos con el INSS y sólo admiten 2.000 tarjetas irregulares, sobre todo de beneficiarios de titulares que han fallecido, mientras que Madrid sólo tiene registradas a 2.323 personas como beneficiarios de la cartilla de otra persona.
El Gobierno de Aragón ha sido el único hasta la fecha en cifrar en 16.000 casos el uso fraudulento de la tarjeta sanitaria. De los 27.000 casos en los que la situación del ciudadano no se correspondía a la realidad, porque hacían uso de una condición de pensionista falsa, en el 60 por ciento de las ocasiones ha tenido un impacto económico para las arcas regionales, según reconoce la Consejería de Sanidad.
Pero el Ejecutivo aragonés también adelanta que no sancionará a los falsos pensionistas por una interpretación de los hechos que favorece la presunción de inocencia del usuario al alegar que se trata de un uso indebido fruto del desconocimiento. Un atenuante que, desde luego, no aplican en la Agencia Tributaria al contribuyente. La actualización de la base de datos hará “imposible” que vuelvan a producirse irregularidades y fraudes, sostiene la Consejería de Aragón.
Y es que la sanidad parece un mundo aparte donde el mantra de “pública, universal y gratuita” cobija abusos y fraudes que no se castigan. “El fraude en la gratuidad de los medicamentos ha sido un hecho conocido de hace mucho tiempo y tolerado en la medida en la que no se ha actuado”, asegura Jaume Puig-Junoy. En su opinión, la cifra de 200.000 activos colgados de un pensionista como beneficiarios “pone de relieve no sólo la picaresca nacional, sino la injustificable falta del imprescindible control de la gratuidad por parte del INSS”, sostiene este experto, a quien le cuesta entender “que no se pidan responsabilidades a quienes han facilitado este fraude”.
Los servicios autonómicos de inspección de las consejerías sí han demostrado que con medios adecuados pueden ser eficaces, aunque a cuentagotas. En Andalucía, por ejemplo, cinco directores de centros geriátricos de la provincia de Cádiz (un centro en Sanlúcar, dos en Jerez y otros dos en San Fernando) fueron imputados por un delito de estafa a finales de junio por el uso fraudulento de tarjetas sanitarias de personas que ya habían fallecido. La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil a instancias de la denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Junta de Andalucía, refleja las bolsas de fraude que existen en la sanidad española.
También en el ámbito sociosanitario, La Rioja ha descubierto un 3,8 por ciento de fraude en las ayudas vinculadas a la dependencia, inclusión social y pensiones no contributivas, tras revisar 9.245 expedientes y realizar inspecciones en más de 3.000 domicilios. La Administración riojana recuperará 315.486 euros de 358 expedientes que han sido declarados fraudulentos. Desde la Comunidad Valenciana, su consejero de Sanidad, Luis Rosado, admitió la semana pasada el abuso en la prestación farmacéutica al reconocer el nuevo copago farmacéutico.