Pagaremos dos veces por la sanidad
Los ciudadanos pagan ya dos veces como contribuyentes y usuarios por sus medicamentos, en un proceso que el Ministerio de Sanidad extenderá a otras prestaciones y tratamientos a partir de 2013 y que elevará del 5 al 10 el porcentaje directo de aportación
La reforma sanitaria impulsada por el Gobierno está imponiendo un nuevo rumbo en la financiación de la sanidad pública al exigir una mayor aportación privada para acceder a los medicamentos y plantear pagos directos de algunos tratamientos por parte de los usuarios.
Con el nuevo medicamentazo y la subida del copago farmacéutico para la población activa y el pago de los pensionistas por primera vez en 30 años del 10 por ciento de sus recetas desde el pasado 1 de julio, el Ministerio de Sanidad ha incrementado fuertemente el gasto medio por hogar en medicinas y otros productos farmacéuticos.
El crecimiento del IPC en julio, atribuido por el INE a la subida del 22,7 por ciento de la rúbrica de “Medicamentos y otros productos farmacéuticos”, es un reflejo del súbito encarecimiento de la cesta de la compra en fármacos de los hogares españoles, como resultado del cambio en el reembolso público y no de unos precios que continúan a la baja, como precisa Farmaindustria en su último Boletín de Coyuntura.
En total, los hogares destinaron 6.666,5 millones de euros de su propio bolsillo a costear los productos, aparatos y equipos médicos en 2010, una cantidad que casi se triplica si se incluyen el resto de gastos sanitarios, como dentista, servicios médicos o aparatos y material terapéutico, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares, y que seguirá en aumento en los próximos años.
Sólo con el medicamentazo, que excluye 417 fármacos del reembolso público, los españoles pagaremos de nuestro bolsillo 450 millones más al año por los medicamentos, 10 euros por persona. Es un cambio en la tendencia después de que el gasto medio privado por persona cayese en 2010 al pasar de los 153,8 euros de 2008 a 145 euros. Ahora mismo, la aportación del ciudadano al gasto farmacéutico ha pasado del 5 al 10 por ciento, con las últimas medidas.
Los ciudadanos salen así al rescate del Sistema Nacional de Salud (SNS) en su doble condición de contribuyentes y usuarios. Como recuerda el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, no se trata de un copago, sino de un “repago” de la sanidad pública.
Es la receta propuesta por Sanidad para compensar la fuerte caída en la recaudación de impuestos generales que gestionan las comunidades autónomas y que está haciendo insostenible el Sistema Nacional de Salud, que tuvo un agujero con sus proveedores de más de 16.000 millones de euros en 2011. Es
más, si la economía no se reactiva “en los próximos trimestres”, ha advertido el ministro de Economía, Luis de Guindos, que “será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”.
El departamento que dirige Ana Mato ha comenzado a revisar la actual cartera de servicios para decidir qué tratamientos se financian y cuáles no. Las prestaciones que no se consideren esenciales o sean apoyo para la mejora de una patología crónica se encuadrarán dentro de una cartera accesoria que los ciudadanos sí deberán abonar, en su totalidad o en un porcentaje. También está pendiente que Sanidad defina el nivel de copago de las prestaciones ortoprotésicas y el transporte sanitario no urgente, prestaciones incluidas en la llamada cartera suplementaria junto con los medicamentos.
Pero el objetivo es analizar todos los servicios y tratamientos con lupa para fijar una nueva cartera básica común de asistencia sanitaria, que incluya los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y que seguirán siendo gratuitos en todas las comunidades autónomas. Sanidad quiere que las nuevas medidas se apliquen el próximo mes de noviembre.
Desde el Ministerio se insiste en que se excluirán de la financiación tratamientos obsoletos o no eficientes, al tiempo que se definen los protocolos de uso y los grupos de población diana o se incorporarán incluso nuevas terapias. Sigue siendo costeado por el sistema público, frente al 72% de la media europea