¿Vale la innovación lo que cuesta?
El Ministerio de Sanidad quiere acordar un único sistema aplicable a todas las comunidades autónomas que evalúe la utilidad terapéutica y el coste de los nuevos medicamentos autorizados
Ni redes de alta velocidad, ni aeropuertos, polideportivos u hospitales. El Gobierno examinará a fondo su inversión en nuevos medicamentos dentro de una nueva cultura de evaluación económica que nunca ha despegado en España, ni en Sanidad ni en otras políticas públicas. Es un principio de control que no está de más, porque cada año se gastan más de 15.000 millones de euros en fármacos.
El Ministerio de Sanidad ha dado el primer paso al crear un sistema de cooperación con las comunidades autónomas para disponer de un único informe válido sobre la efectividad y el coste de los nuevos tratamientos para fijar el precio y el uso de las innovaciones que se incorporarán al actual arsenal terapéutico de más de 27.000 fármacos autorizados en España. Hasta ahora, son ocho las agencias estatales y autonómicas que duplican estudios de coste eficacia sin criterios comunes ni efectividad real en un ejemplo claro de derroche de fondos públicos que, además, fragmenta el mercado y retrasa el lanzamiento de los nuevos productos. Queda, eso sí, todo por definir: la organización del modelo, su liderazgo, la vinculación de los informes de evaluación o qué criterios económicos de eficiencia se utilizarán para decidir si un medicamento es o no reembolsable y a qué precio. Farmaindustria ofrece una regla básica: “Nadie debería pagar ni un céntimo más del valor que aporta un fármaco, pero nadie debería quedarse sin un fármaco que aporta valor por ahorrar un céntimo”.
Este proceso de control se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos laboratorios en Europa. Y es que ya no es suficiente con demostrar la seguridad,
eficacia y calidad de sus nuevos fármacos. Las farmacéuticas deben pasar el escrutinio de gobiernos y agencias de evaluación para evaluar si los resultados terapéuticos de sus innovaciones merecen financiarse.
Sanidad ya ha ofrecido algunas pistas de esta nueva cultura de la evaluación económica. Las innovaciones “tendrán que demostrar un coste efectividad claro y su financiación no deberá tener un impacto que pueda comprometer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según adelantó el director general de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, en un encuentro sobre la evaluación de la eficiencia de los medicamentos organizado por Farmaindustria.
Y es que las mejoras aportadas por las innovaciones farmacéuticas incorporadas en los últimos años al sistema han sido “moderadas la mayoría de las veces”, a juicio de Agustín Rivero, y tampoco han sido por coste efectivas, ya que “su impacto presupuestario ha producido una tensión financiera en la mayoría de las comunidades”, sostienen en Sanidad. De momento, no hay una única fórmula ni metodología aplicable para medir los costes y los beneficios de una innovación que sirva para fijar un precio y qué papel tendrán los laboratorios. Pero una cosa tiene clara el Ministerio. El resultado de la investigación sólo puede recibir una remuneración superior a los tratamientos existentes “cuando el medicamento aporte beneficios adicionales y supere al estándar de tratamiento a un coste razonable”, recuerda Agustín Rivero. Por el contrario, el precio será inferior en caso de igualar los resultados existentes.
Esta perspectiva economicista inquieta y mucho a los laboratorios, ya que la evaluación de los fármacos puede retrasar si cabe más el lanzamiento de nuevas innovaciones. Durante los últimos seis meses apenas sí se ha aprobado el precio de cinco nuevas moléculas en las tres comisiones de precios celebradas, mientras se aplica una moratoria encubierta a las últimas novedades, lo que impide a muchos pacientes acceder a los últimos avances. La industria farmacéutica en España no se opone, pero sí le preocupa que la evaluación se realice con un criterio “restrictivo o cicatero que dificulte el acceso a medicamentos”. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, cree que el modelo que se acabe imponiendo debe ser “transparente, independiente, objetivo y simple y barato”, porque “no se puede generar un sistema burocrático adicional, que demore los procesos”, advierte.
En cualquier caso, la responsabilidad última del modelo debe recaer en el Gobierno central, ya que “no puede ser que teniendo un sistema centralizado luego haya 17 evaluaciones diferentes”, sostiene Arnés. Por eso, la patronal quiere participar en este proceso que tiene que situar en la balanza no sólo la aportación terapéutica, sanitaria y social de un nuevo fármaco, sino también su contribución al Producto Interior Bruto en términos de riqueza, empleo o reducción de horas de absentismo laboral.