Cambio de sexo y tratamientos de fertilidad dejarán de ser gratis en noviembre
700 MILLONES DE AHORRO
Tras poner freno al abuso medicamentos, el Gobierno ha decidido revisar las operaciones que son gratuitas hasta ahora. El cambio de sexo y la limitación de tratamientos de fertilidad se verán afectados por la reforma
Una operación de cambio de sexo cuesta alrededor de 30.000 euros. Un tratamiento de reproducción asistida, en torno a 5.000 euros. Una cirugía de estética de varices, alrededor de 3.000 euros. Todos estas operaciones las paga el Sistema Nacional de Salud (SNS). O al menos, hasta ahora. El Gobierno ha decidido ‘meter mano’ y revisar toda la cartera de tratamientos que ofrece actualmente de manera gratuita. Y tiene prisa. Ya están en marcha los grupos de expertos que están analizando una por una, con criterios de coste-eficacia, todas las prestaciones sanitarias incluidas en la llamada cartera de servicios del SNS, y el Ministerio quiere que en el mes de noviembre la nueva cartera esté ya en funcionamiento.
Según ha podido saber EcoSanidad, las operaciones señaladas anteriormente, cambio de sexo, tratamientos de reproducción asistida y cirugía estética de varices, junto a otras de menor coste, como las vasectomías (unos 1.000 euros) o el tratamiento farmacológico para dejar de fumar (350 euros), serán las primeras en ser revisadas.
La razón que ofrece el Ministerio es que se trata de operaciones que no son “imprescindibles” o que han quedado “obsoletas”. El objetivo de la medida tiene en primer lugar, una parte económica, ante la importante deuda que sigue existiendo en la sanidad pública. El Gobierno espera ahorrar hasta 700 millones de euros anuales con la medida. Pero el verdadero objetivo, aseguran fuentes del Ministerio, es seguir con la labor pedagógica iniciada con el copago en medicamentos: trasladar a la población que en la actual situación sólo puede ser gratis lo realmente primordial, las operaciones
importantes, las que salvan vidas, porque si no, estas prestaciones también estarían en peligro de ser financiadas.
El ejemplo de las operaciones de cambio de sexo es sintomático de esta situación. Es una de las prestaciones que se han ido extendiendo como gratuitas por varias comunidades autónomas, en su afán de dar a sus ciudadanos más servicios que la comunidad vecina.
Andalucía fue la primera en sufragar su coste. En 1999 el Parlamento andaluz aprobó una iniciativa para sufragar los gastos de operaciones de cambio de sexo desde la sanidad pública y creó la pionera Unidad de Trastorno de la Identidad de Género de Andalucía en el hospital Carlos Haya de Málaga. Posteriormente, se han ido uniendo varias comunidades más: Madrid, Extremadura, Cataluña, País Vasco y Asturias. Al final, el Ministerio de Sanidad ha tenido que reconocer esta prestación como propia y actualmente, cualquier persona que solicite el cambio de sexo con un informe médico, es derivada a cualquiera de estas comunidades para costear la operación.
La idea que persigue Sanidad es que este tipo de actuación -que cada comunidad vaya sumando nuevas prestaciones- no vuelva a repetirse, ya que fomenta la desigualdad del sistema sanitario en España. El objetivo del Ministerio es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios y en las mismas condiciones, con independencia de donde residan.
En el resto de prestaciones, el objetivo es restringir su práctica. En el caso de la vasectomía, no se cubrirá como método anticonceptivo y se deberá justificar la existencia de una patología o la posibilidad de transmitir a la descendencia una enfermedad grave.
Las técnicas de reproducción asistida son otras de las grandes candidatas a quedarse fuera de la cartera de servicios, dado que la mayoría de los que recurren a ellas realizan el tratamiento en clínicas privadas. En los tratamientos de fertilidad, el Gobierno pretende reducir el número de intentos de las parejas. Los tratamientos de fertilidad no desaparecerán por completo, algunas prestaciones se quedarán como hasta ahora, otras aumentarán la restricciones para poder acceder y otras desaparecerán. El objetivo es seguir atendiendo el mismo número de patologías que de las que ahora se ocupan, pero modificando la gestión y marcando prioridades.
Otro de los servicios ofrecidos hasta ahora, el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) que se emplea para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias a los futuros hijos, también se a va revisar.
Las comunidades autónomas también han propuesto sus propias medidas para restringir o dejar de pagar tratamientos ineficaces, como algunas técnicas de rehabilitación o la hipnosis.
Las primeras decisiones se tomarán el próximo 3 de octubre, en el Consejo Interterritorial de Salud, donde participan todas las comunidades autónomas. Ese día se pondrán encima de la mesa las primeras prestaciones que los grupos de trabajo
condroprotectores en el tratamiento de la artrosis y sistemas de humidificación en oxigenoterapia. Habrá otro grupo de prestaciones para las que no se estudiará la exclusión de la financiación, sino la modificación de las condiciones de prestación del servicio. Esta revisión afectará a las indicaciones de las terapias respiratorias a domicilio y la cirugía guiada por imagen y por resonancia magnética. También se estudiará la inclusión en la cartera de servicios común de nuevas prestaciones, como las vacunas terapéuticas para el cáncer de mama, el sipuleucel-T en cáncer de próstata avanzado y el trasplante renal ABO incompatible.
Asimismo, se detallarán las normas comunes sobre la prestación ortoprotésica y el transporte sanitario no urgente, que serán sometidas a copago.
creados por el Ministerio ya han empezado a evaluar una por una.
Se trata de cinco grandes áreas: las prestaciones de genética (incluido el diagnóstico genético preimplantacional), los cribados para detectar enfermedades en fase presintomática, los tratamientos de reproducción humana asistida, las terapias de rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable y los límites a la financiación en implantes quirúrgicos, empezando por los oftalmológicos.
Los grupos de expertos para cada una de estas áreas están compuestos por representantes de sociedades científicas y la Organización Médica Colegial (OMC).
Cuando estos grupos de expertos tengan sus conclusiones, las elevarán a los equipos de trabajo para que posteriormente sean analizadas por el Ministerio y las comunidades, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS. El Ministerio de Sanidad asegura que no se van a tomar decisiones que difieran con lo que decidan los expertos.
Además, el departamento de Ana Mato ha decidido que varias comunidades autónomas participen también en los grupos de trabajo de revisión de la cartera de servicios. En concreto, se trata de Asturias, Galicia, Andalucía, Madrid, Valencia, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias. Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial de febrero se acordó la creación de dos grupos de trabajo, uno sobre desarrollo de la cartera y otro sobre actualización, que son los encargados de revisar las prestaciones que se ofrecen, pero no sólo para excluir de la financiación tratamientos obsoletos o no eficientes, sino también para incorporar nuevas terapias o acotar los tratamientos a determinados grupos de población.
Los citados grupos han decidido empezar la revisión por estas áreas, pero según fuentes autonómicas, en paralelo se revisará la prestación de otros servicios concretos que se están ofreciendo, como la vacuna de la gripe para pacientes asmáticos, artroscopias con lavado articular en artritis de rodilla, fórmulas exentas de grasas,