La sanidad entra en el juzgado
Los tribunales están decidiendo qué medidas se aplican y cuáles no en materia sanitaria en resoluciones que ponen en cuarentena los objetivos de ahorro tanto de las regiones como del Gobierno
“Suena un poco a broma pero o hacemos un pacto de estado o se nos va al garete el Sistema Nacional de Salud”. Así se expresaba recientemente uno de los grandes expertos de la sanidad española, Máximo González Jurado, ante lo que considera “un desconcierto absoluto”, donde el Estado va por un sitio y las comunidades autónomas de signos políticos distintos por otro.
El presidente del Consejo General de Enfermería volvió ayer a reiterar en el Congreso la necesidad de cerrar la brecha política abierta en el Sistema Nacional de Salud con un gran acuerdo que ponga punto final a la creciente conflictividad política y social provocada por la aplicación del último decreto de reforma sanitaria y las distintas políticas autonómicas de control del gasto.
Y es que la sanidad española ha entrado en una fase donde son los tribunales los que están decidiendo qué medidas aprobadas por el Gobierno y las comunidades autónomas se aplican y cuáles no o exigiendo el cumplimiento de la normativa estatal en vigor ante las políticas de insumisión impulsadas desde algunas regiones.
El último conflicto en estallar es la subasta andaluza de medicamentos de dispensación en farmacia. El Gobierno está a la espera del dictamen del Consejo de Estado para interponer un segundo recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo concurso de medicamentos de la Junta de Andalucía. Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad estudian también interponer un recurso contencioso-administrativo para frenar en seco esta segunda subasta que tan sólo ha cubierto 207 medicamentos de las 939 presentaciones ofertadas. Tan bajo índice de participación está motivado por la amenaza de Sanidad de
imponer a los laboratorios seleccionados por la Junta la misma bajada de precio adjudicada en el concurso andaluz en el resto del mercado nacional.
Otra de las polémicas que ha tenido que digerir el SNS ha sido el euro por receta. El Tribunal Constitucional deberá decidir en los próximos meses si levanta las medidas cautelares contra la aplicación de esta tasa en Cataluña y en Madrid, tras admitir a trámite los dos recursos interpuestos por el Gobierno central. El impacto social y político de esta medida ha sido mayúsculo y no sólo por enfrentar a ejecutivos del mismo partido político, en el caso madrileño. El cobro del gravamen ha sido muy contestado en la calle hasta el punto de que en Madrid son miles los ciudadanos que se han negado a pagar el euro por receta. La medida, como se recoge en la argumentación jurídica del Gobierno, “rompe el principio de igualdad” en el acceso a la prestación farmacéutica. Un principio constitucional que, con el ajuste político entre gobiernos y la descentralización de competencias sanitarias, ha saltado en España por los aires.
La aplicación del nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de julio también se ha dilucidado en los tribunales. El nuevo Gobierno vasco de Íñigo Urkullu no ha visto otra salida que aplicar la resolución judicial del Constitucional que incumplió el anterior Ejecutivo de Patxi López, si bien se ha dado un margen de tiempo muy amplio para hacerlo, “antes de que finalice el año, los vascos contarán con el copago farmacéutico”, se ha asegurado desde Ajuria Anea en otro claro signo de que el acceso a la sanidad depende de la comunidad autónoma de residencia.
Por su parte, Asturias, Andalucía y País Vasco también han rechazado los nuevos copagos acordados en ambulancias, ortoprótesis y dietoterápicos en el último Consejo Interterritorial del SNS de diciembre.
Igual de incierta está siendo la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Cataluña ha sido la última comunidad en sumarse a Andalucía, País Vasco, Navarra y Asturias al anunciar que recurrirá el real decreto-ley de Sanidad que obliga a aplicar esta medida desde el 1 de septiembre.