Sanidad debe recortar aún 4.000 millones. ¿De dónde vendrá ahora el ajuste?
Sanidad ya ha recortado 3.000 de los 7.200 millones previstos en este año. ¿De dónde vendrá el resto del ajuste? El Ministerio opina que ha llegado el turno de las CCAA para poder llegar a esta cifra
El Ministerio de Sanidad no tiene previsto sacar este año de la chistera nuevas medidas para reducir el gasto, salvo las ya avanzadas en la reforma aprobada en abril. “Es el momento de aplicar una pausa”, aseguran fuentes consultadas en el Ministerio, sin dejar de perseguir el objetivo de hacer viable el Sistema Nacional de Salud (SNS). Pero una cosa son las intenciones de Sanidad y otra el cumplimiento del objetivo del déficit público situado en el 4,5 por ciento este año, que exige nuevos sacrificios en la partida que más pesa en los presupuestos autonómicos. Hacienda tiene la última palabra y marcará el ritmo de la reforma, una vez que la Comisión Europea ha reclamado a España un mayor control de las regiones.
Salvo en política farmacéutica, queda todo por hacer, por mucho que la ministra de Sanidad, Ana Mato, hiciese un balance complaciente de su gestión en el Congreso, el pasado 28 de febrero. “Hemos cumplido los objetivos previstos para este primer año. El sistema de salud es más sostenible, equitativo, eficaz y de calidad, y mantiene la universalidad y su carácter público”, aseguró. Incluso llegó a cifrar, que no desglosar, los ahorros logrados en siete meses en 3.063 millones de euros, el 42 por ciento de los 7.267 millones calculados inicialmente. Mil millones de ahorro se apuntarían a cuenta del turismo sanitario, que el Ministerio da por liquidado con el nuevo sistema de aseguramiento.
La realidad es que la reforma no ha podido tapar los agujeros de los impagos y sólo es visible en la factura farmacéutica. Cerca de la mitad del recorte del gasto sanitario corresponde, en efecto, a la reducción del capítulo en recetas. En el último año, las
comunidades autónomas ahorraron 1.408 millones en medicamentos, el 12,7 por ciento de la factura, gracias sobre todo al nuevo copago farmacéutico.
Pero el impacto del copago sobre el gasto en recetas se agotará en el primer semestre del año y el Ministerio ya tiene preparada otra batería de medidas para seguir limando esta partida, como exigen las regiones. La futura Orden Ministerial de precios de referencia aspira así a ahorrar 409,39 millones de euros del presupuesto en farmacia, un 4,28 por ciento de la factura de recetas de 2012.
A pesar del fuerte ajuste del gasto farmacéutico, la ministra reconoció que el sistema acumula de nuevo una deuda hospitalaria con los proveedores de más de 6.000 millones de euros, tras saldarse en 2012 facturas impagadas por valor de 16.000 millones de euros, según Mato. Ante los problemas de pago que vuelven a aflorar en Cataluña o la Comunidad Valenciana, la ministra anunció que se priorizarán los pagos sanitarios a través del nuevo Fondo de Liquidez Autonómico, dotado con 23.000 millones de euros. La escalada de la deuda sanitaria es reflejo del acuciante problema de tesorería que tienen las regiones y de la extraordinaria complejidad que supone contener el gasto sanitario. Para frenarlo, el Ministerio introducirá nuevos copagos en el transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterápicos en el segundo semestre del año, según los plazos fijados en los borradores de orden conocidos hasta la fecha. El copago ha demostrado ser un instrumento disuasorio muy efectivo para reducir el gasto en recetas. Con las nuevas aportaciones en el transporte no urgente, Sanidad prevé ahorrar 70 millones de euros. En el caso de los productos dietoterápicos, quiere recaudar 15,4 millones de euros. Ana Mato también explotará las centrales de compra para controlar el gasto hospitalario y unificará el calendario vacunal para reducir el número de vacunas financiadas y comprarlas a mejor precio.
Pero la gran reforma pendiente es la revisión de tratamientos financiados dentro de la futura Cartera Común Básica de servicios de todas las comunidades autónomas. Hasta ahora, las regiones han aprobado un documento de consenso con criterios restrictivos en reproducción humana asistida, implantes oftalmológicos y cribado neonatal, además de fijar requisitos de actividad mínima que deben reunir las unidades y servicios hospitalarios en áreas como la oncología, ginecología y obstetricia, cardiología y cirugía cardiovascular y trasplantes. Ahora son las comunidades quienes deben limitar los tratamientos y cerrar los servicios que no sean eficientes o reúnan la calidad suficiente. El Ministerio sostiene que son las regiones quienes tienen que aplicar estos criterios.