Copago hospitalario: desconcierto absoluto. Las regiones no lo aplican y el Ministerio se resigna
El Ministerio de Sanidad decide aplazar el cobro y da carta blanca a las comunidades para que decidan cómo y cuándo cobran a los pacientes por sus medicamentos de hospital de uso ambulatorio
El Ministerio de Sanidad no ha tenido más remedio que rectificar y aplazar la aplicación del copago hospitalario de 42 medicamentos de aportación reducida a pacientes no ingresados previsto para el 1 de octubre. Ninguna comunidad autonómica quiso o pudo aplicar a tiempo esta nueva aportación farmacéutica en sus centros, tal y como obligaba la Resolución publicada el 19 de septiembre en el BOE. A la vista de los resultados, comunidades y Sanidad intentaron el martes pasado buscar fechas sin llegar a un acuerdo para implantar este nuevo copago de forma conjunta, durante la Comisión de Farmacia celebrada en la sede ministerial del Paseo del Prado.
Nueve comunidades ya habían avisado de que no estaban en condiciones de poner en marcha el mecanismo de cobro del 10 por ciento del PVP de los medicamentos de dispensación ambulatoria en los hospitales, con un máximo fijado de 4,20 euros por envase, y habían pedido al Ministerio la revisión de la medida. ¿Las razones? En unos casos, técnicas porque los sistemas de cobro y facturación en hospitales no están adaptados y en otros simple insumisión, como ha ocurrido con las medidas más polémicas aprobadas en la reforma sanitaria del Real Decreto 16/2012. Éste ha sido el caso de Andalucía, que presentó el lunes un recurso de alzada contra la Resolución, y de Canarias o el País Vasco, que también amagaron con presentarlo.
Al final, la falta de coordinación y el rechazo generalizado de comunidades, profesionales y asociaciones de pacientes aconsejaron a la ministra de Sanidad, Ana Mato, dar marcha atrás.
Fuentes ministeriales desmintieron que se trate de un aplazamiento e insistieron en que las comunidades tienen un margen de maniobra para aplicar la Resolución “a partir del 1 de octubre”. En la Comisión de este pasado martes, se barajaron de hecho distintas fechas orientativas para que las comunidades tengan listos sus sistemas para aplicar el copago hospitalario de una forma coordinada, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
“No es una cuestión de recaudación, sino de igualdad”, insisten desde el Ministerio de Sanidad. Pero la realidad es que el copago hospitalario lleva camino de convertirse en una nueve fuente de agravio para los ciudadanos españoles por la fuerte oposición que suscita en algunas comunidades.
Lo que está claro es que ha habido “precipitación”, según critican desde consejerías de Sanidad de comunidades gobernadas tanto por el Partido Popular como por otras formaciones. Ni se ha dado tiempo para adaptar los sistemas informáticos de los hospitales para cobrar la nueva aportación mínima por los medicamentos de hospital, ni tampoco se tiene una idea clara sobre cómo cobrarlo, si se debe sumar o no a la aportación realizada en la farmacia para calcular el tope de aportación fijada en 8.14, 18.32 y 61.08 euros al mes en función de la renta del beneficiario, entre sus muchos cabos sueltos.
Por eso, Sanidad no ha tenido más remedio que dar un mayor margen para su aplicación efectiva. El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, explica a elEconomista Sanidad que “las comunidades autónomas tienen margen para aplicarlo cuando tengan las herramientas suficientes” y puntualiza que “no se busca el ahorro, sino la equidad”.
Medida ya anunciada
Aunque es consciente de que no hay unidades de cobro en los hospitales, Agustín Rivero también señala que el sistema de pagos tiene que funcionar, porque el 25 de octubre entra en vigor la directiva transfronteriza que obliga a cobrar a los pacientes extranjeros hospitalizados. En cualquier caso, Sanidad recuerda que es una medida aprobada en el Congreso de los Diputados en abril de 2012 y que se incluyó en una norma de diciembre del año pasado y que desde entonces se han celebrado reuniones técnicas con las comunidades para desarrollar la medida. Además, afecta a medicamentos que antes se dispensaban en el canal de farmacia, pero que las comunidades sacaron de las boticas para ahorrarse los márgenes comerciales y disfrutar de un mayor margen para pagar a la industria farmacéutica, entre otras razones.
Pero los deseos vuelven a chocar contra la realidad, ya que incluso las comunidades que habían manifestado su intención de aplicar la medida han tenido que reconocer que no están preparadas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, admitía así el pasado domingo que el copago se pondrá en marcha “tan pronto realice las adaptaciones necesarias en los servicios de farmacia de los hospitales”, lo que exige “tiempo”, precisó el consejero. Uno de los problemas técnicos es que los hospitales no están conectados con el sistema informático que utilizan las farmacias para conocer si los pacientes han alcanzado ya el tope de aportación previsto por la ley para dejar de pagar por sus tratamientos farmacológicos. Lo que sí tiene claro la Consejería madrileña es se trata de “una norma obligatoria, de obligado cumplimiento”. Un principio básico que no reconocen otras comunidades.