Deuda sanitaria: poner el contador a cero costará 7.000 millones
El tercer plan de pagos a proveedores será la última ocasión en que el Gobierno liquide las deudas autonómicas con los proveedores sanitarios ante el escepticismo del sector
Es la última vez que se pone el contador de la deuda comercial a cero”. Es el mensaje de fondo que repite el Gobierno ante el escepticismo de un sector sanitario que lo ha oído demasiadas veces desde que se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas del antiguo Insalud, en 2001. Todo dependerá del nuevo sistema de financiación autonómica que se acuerde en 2014. Hasta entonces, la deuda global autonómica pendiente de pago ronda los 14.000 millones de euros, a falta de que se conozca la relación definitiva de facturas sin pagar el próximo 29 de noviembre.
La mitad, unos 7.000 millones de euros, corresponde a impagos a los laboratorios, las empresas de tecnología sanitaria y las clínicas privadas acumulados por las autonomías entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013. Se trata de facturas que no entraron en el segundo plan de pagos de 6.500 millones de euros para conciertos en educación y sanidad considerados prioritarios.
La intención del Ejecutivo es poner en marcha este nuevo mecanismo de rescate en diciembre, aunque el montante previsto de 7.500 millones será una vez más insuficiente para saldar todos los compromisos con los proveedores de otros sectores como la construcción, el transporte o la educación. Está además por ver si el Gobierno consigue allegar estos recursos a partir de enero, ya que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 recoge una partida de solo 5.900 millones para cubrir este tercer pago a los proveedores.
Al igual que en las dos anteriores veces, el rescate también tendrá un precio para los proveedores, como es la renuncia de los intereses de demora para poder cobrar. Y, en el caso de que las empresas quieran liquidar sus facturas antes de final de año, también deberán asumir un descuento que está por concretarse.
Aparte de estos sacrificios para cobrar las deudas en la sanidad española, la novedad en esta ocasión, y es lo que más esperanza ofrece a las grandes patronales del sector sanitario, es la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público para que se pueda aprobar esta norma antes de 2013. Aunque la actual Ley y directiva europea antimorosidad ya establece el pago a 30 días, su incumplimiento está siendo clamoroso por parte de las comunidades autónomas. Ahora se volverá a obligar a las regiones por ley, pero esta vez se les impondrá unos deberes, como publicar sus plazos de demora en los pagos el próximo 1 de febrero, que se logrará a través de la nueva factura electrónica que permitirá además al proveedor darse de alta en el registro de facturas.
Si se superan los 30 días establecidos, el Gobierno central aplicará medidas de prevención, corrección y coercitivas que, en última instancia, pueden llegar a la intervención de la comunidad morosa cuando los impagos superen los 60 días durante seis meses seguidos. Entre estas medidas, el Gobierno central podrá retener los importes de transferencias autonómicas, controlar las operaciones de endeudamiento a largo plazo o retirar las competencias normativas en relación con los tributos cedidos, entre otras.
Para un sector acostumbrado a financiar las arcas autonómicas con demoras de hasta 294 días en el caso actual de los laboratorios farmacéuticos o de 323 días de las empresas tecnológicas, los nuevos plazos previstos por ley son casi un espejismo. Pero, además de los plazos de futuro, Farmaindustria y Fenin están preocupados por el pago urgente de su actual deuda. A los laboratorios se les adeuda 3.600 millones de euros y a las tecnológicas 2.500 millones. En total, 6.100 millones de euros que pesan como una losa en las cuentas de resultados de las grandes y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas.