Las incompatibilidades en los cargos del sector sanitario

Compatibilizar varios cargos no tiene por qué suponer de manera inexorable una colisión de intereses. Es lógico pensar que cuando un profesional es designado o propuesto para varios cometidos, es probable que posea cualidades destacables

En verdadera democracia, la dedicación a la cosa pública precisa de individuos poseedores de la capacidad necesaria para la actividad a la que están destinados. Siempre se exigirán para la representación y actos políticos ciertas condiciones, y aun así puede haber equivocaciones tanto por exceso como por defecto. El debate sobre las incompatibilidades no es nuevo. La última vuelta de tuerca ha llegado de la mano de la futura Ley de Servicios Profesionales, que prevé un endurecimiento en la materia para los cargos electos de las corporaciones de derecho público. La imagen más proyectada socialmente, y no menos interesada desde ciertos sectores, es aquella que describe a quienes compaginan cargos como comprometidos que no podrán permanecer independientes ante los conflictos de intereses. Pero existe otro prisma desde el que abordar el tema en el que no se ha hecho prácticamente incursión alguna.

Compatibilizar varios cargos no tiene por qué suponer de manera inexorable una colisión de intereses. Es lógico pensar que cuando un profesional es designado o propuesto para varios cometidos, es probable que posea cualidades destacables, algo que motiva tanto a corporaciones públicas -por designación directa o por elección democrática- como a empresas privadas a apostar por este individuo. Es por ello que estas barreras impuestas parecen más normas hechas por mediocres para preservar la mediocridad e impedir la competencia de los más capaces, tener posibilidades que de otra manera no tendrían, y así perpetuarse en cargos, destinos o actividades que constituyen su exclusivo modus vivendi. En España la retribución de los gestores públicos no es la mejor de las posibles, por lo que son frecuentes los casos de abandono de la Administración al no poder simultanearla con otro puesto en la esfera privada. ¿No supone este hecho una pérdida innegable de capital humano para la función pública?

Por otra parte, es frecuente que quienes han tenido éxito en sus profesiones o sus negocios no necesiten de compensaciones económicas de la cosa pública, siendo su vocación y colaboración totalmente altruista, y su ya demostrado eficiente tiempo puesto al servicio de la sociedad. Las alusiones a la necesidad de garantizar su independencia ética y moral parecen dar por supuesto que quienes se vean en esa tesitura antepondrán los intereses privados a cualquier otra cosa. Sucede con seguridad todo lo contrario; son personas con total libertad e independencia que, en general, tienen sus necesidades sobradamente cubiertas, con capacidad e inteligencia sobradas para servir únicamente a la verdad. En cambio, lo que no es aventurado -más bien es una evidencia- es la pérdida de excelentes profesionales, obligados por la exclusividad. Esta barrera artificial provoca una merma de capacidades y conocimiento y perpetúa el modelo político actual, salvo muy honrosas excepciones, alejado del mérito. La sociedad requiere a los mejor preparados, los más eficaces y los más eficientes y eso, no casa con las barreras de las incompatibilidades.