FRENTE FRENTE COMÚN COMÚN CONTRA LOS PLANES DE VALENCIA
El Gobierno de Alberto Fabra choca con los laboratorios, los farmacéuticos, los médicos y el Ministerio de Sanidad en su intento de ahorrar en farmacia saltándose la ley
El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, ha conseguido enemistarse con todos los agentes de la cadena del medicamento en un tiempo récord. Tanto la industria farmacéutica como los colegios farmacéuticos se han visto obligados a denunciar y a acudir a los tribunales en el caso de los boticarios para defender sus derechos. Los colegios y sindicatos médicos también han criticado duramente la intromisión de la Consejería en la libertad de prescripción de fármacos. Y el Gobierno central ha acabado abriendo una mesa de negociación para intentar limar las polémicas instrucciones aprobadas por el Gobierno regional que podrían invadir las competencias estatales, como paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional.
Los resultados de esta Comisión Bilateral creada para resolver las diferencias de criterio entre el Gobierno central y regional son, de momento, nulos para los profesionales. Desde el pasado mes de septiembre, los representantes de los ministerios y de las consejerías de Hacienda y Sanidad llevan negociando el impacto del Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica que permite la entrega directa de medicamentos a la población. Esta posibilidad, vetada en la legislación estatal según interpretación de los farmacéuticos, ha servido a la Consejería para ordenar el reparto directo de productos farmacéuticos a los pacientes que reciben atención domiciliaria, aprobar distintas instrucciones para dispensar medicamentos y productos sanitarios en centros de salud o poner en marcha el fraccionamiento de medicamentos hospitalarios para su dispensación en los centros de Atención Primaria.
Esta última medida supone, según Farmaindustria, “un riesgo para la población”. La patronal de los laboratorios innovadores sostiene que permitir la dispensación directa de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo –fármaco indicado en la artritis reumatoide-, antipsicóticos parenterales y extratos hipsosensibilizantes -utilizados en el tratamiento de las alergias- en ambulatorios contraviene la Ley 29/2006, “al tratarse de una fabricación y distribución de un medicamento no autorizado”, además de introducir diferencias en las condiciones de acceso de los ciudadanos a los medicamentos.
El Ministerio intenta negociar
El Gobierno central, de momento, está poniendo sordina al creciente malestar provocado por las medidas valencianas con la negociación en la mesa bilateral. La última reunión celebrada la semana pasada se saldó con la petición de corrección de las instrucciones aprobadas por la Consejería valenciana a través de una disposición adicional en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos.
Mientras tanto, la Consejería de Sanidad sigue adelante con sus planes, como demuestra la última instrucción publicada por la Dirección General de Farmacia que dirige José Luis Trillo el pasado 4 de octubre, que amplía el plazo para adaptar el programa de dispensación directa de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes hasta el 14 de octubre y hasta el 30 de noviembre para los tratamientos de continuación.
Con estas instrucciones, la Consejería no se aparta ni un milímetro del guión previsto para desesperación de laboratorios y también farmacéuticos.
Los boticarios valencianos y castellonenses, muy castigados en esta región por el impago de las recetas, denunciaron la semana pasada ante el tribunal contencioso-administrativo las resoluciones por las que se ordena la dispensación directa de medicamentos en centros de salud.
En la asamblea extraordinaria convocada por los dos colegios de farmacéuticos, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, señaló que las instrucciones suponen “una vulneración flagrante de la normativa estatal”, ya que la Ley 29/2006 establece que la función de dispensación de medicamentos corresponde, con carácter general, a las farmacias y los servicios de farmacia de hospital, “en ningún caso a los centros de salud”, esgrime la presidenta.
Los farmacéuticos alegan que las instrucciones se amparan en un decreto ley “inconstitucional”. La entrega directa de medicamentos a la población vulnera, según los farmacéuticos, las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, motivo por el que el Estado ha iniciado el procedimiento para declarar su inconstitucionalidad.
Tanto boticarios como laboratorios recuerdan que el derecho comunitario establece que los medicamentos no podrán comercializarse sin que la autoridad competente de un Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización. Para Farmaindustria, pretender sustituir los actuales tratamientos de medicamentos autorizados y dispensados en oficinas de farmacia por unos preparados que no cuentan con la preceptiva autorización de comercialización es “una decisión de gran trascendencia sanitaria que puede implicar riesgos para los pacientes”. Y es que, señalan desde la patronal, esta práctica “supone una infracción muy grave de la Ley 29/2006, al tratarse de una fabricación y distribución de un medicamento no autorizado”.
Dudas sobre el ahorro
El tiro del ahorro le podría además salir por la culata a la Dirección General de Farmacia. Y es que prescindir del farmacéutico puede generar más gasto, ya que la Consejería deberá costear el transporte, almacenamiento, custodia y gestión de estos medicamentos, sin obtener además ninguna aportación por parte del paciente. Desde Fedifar, la patronal de la distribución farmacéutica, su presidente Antonio Abril también cuestiona el decreto valenciano que, en su opinión, “perjudica al paciente que recibe peor servicio y a las arcas del Estado porque sale más caro”.
Se trata de una iniciativa autonómica más que podría abrir una nueva
La entrega directa de medicamentos a la población vulnera las competencias del Estado, según los farmacéuticos
brecha en el acceso a los medicamentos en España y discriminar a los ciudadanos. Los farmacéuticos consideran que se trata de una medida económica que causará un perjuicio en el paciente, ya que los enfermos no podrán acudir a la farmacia para acceder a su medicación y tendrán que desplazarse hasta los centros de salud, mucho más saturados y menos accesibles que las farmacias.
El objetivo del Gobierno regional es ahorrar 300 millones de euros de su partida de gasto en medicamentos, el 25 por ciento de su partida anual en recetas, y aliviar su deuda en farmacia hospitalaria, una de las más elevadas de España. Otra de estas medidas es el llamado algoritmo de decisión terapéutica, que indica a los médicos a través de una aplicación informática el medicamento que debe prescribir según el mejor balance coste-efectividad en las patologías de mayor impacto sanitario.