LAS AUTONOMÍAS CON MENOS PRESTACIONES SANITARIAS
Se abre la brecha entre comunidades en el gasto en salud por ciudadano, número de profesionales, camas instaladas y uso de innovación
La financiación del modelo y la gestión ineficiente de las competencias abren cada vez una brecha más importante entre comunidades autónomas en la atención de los ciudadanos en gasto per capita, prevención, número de enfermeros, camas instaladas o tecnología en los hospitales
La sanidad española puede estar gestionada por medios públicos o privados pero lo que de verdad define al Sistema Nacional de Salud (SNS) es su tremenda desigualdad para los ciudadanos. Por mucho que se insista en los principios de público, universal y solidario que sustentan el modelo, los resultados obtenidos y los recursos invertidos en salud son demasiado dispares entre comunidades autónomas para garantizar la pretendida igualdad, a pesar de financiarse casi en exclusiva a través de los impuestos generales.
Poco tiene que ver la atención sanitaria que recibe un ciudadano en el País Vasco, Murcia o Extremadura, regiones que destinan más de 1.600 euros por habitante protegido, con los residentes en Baleares o Andalucía, que se deben conformar con 1.180 euros de gasto per capita. Son más de 480 euros de diferencia en inversión en salud que se notan a la hora de comparar las políticas de prevención o los recursos profesionales, sanitarios y tecnológicos puestos a disposición de los pacientes.
Navarra, País Vasco y Murcia son así las comunidades con un mayor porcentaje de mujeres con mamografía realizada, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El 88 por ciento de las mujeres en Navarra se ha sometido a esta prueba diagnóstica, frente al 65 y el 66 por ciento en Baleares y Andalucía, respectivamente. Navarros y vascos también se encuentran por encima de la media en vacunación frente a la gripe de mayores de 65 años.
Lo mismo cabe decir cuando se comparan las plantillas de profesionales de los centros de salud y hospitales. Navarra, Aragón y País Vasco cuentan con un mayor número de enfermeras en atención especializada, con diferencias muy marcadas. Si Navarra dispone de 4,47 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la Comunidad Valenciana y Andalucía no superan el ratio de 2,75 profesionales.
Las restricciones presupuestarias, además, están obligando a algunas regiones, como Cataluña o Andalucía, a dificultar el acceso a tratamientos oncológicos, como denuncia la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Puede garantizarse la misma atención a los enfermos en uno y otro caso?
Infraestructuras y número de camas
Tampoco son equitativas las infraestructuras sanitarias y número de camas hospitalarias, a pesar de que las regiones hayan competido durante la última década en construir centros y disponer de la última tecnología sanitaria, aunque no respondan a necesidades reales y se hayan levantado, en el caso de los hospitales, sin una adecuada planificación ni capacidad para financiarlos. Navarra, País Vasco, Castilla y León y Aragón cuentan con más de 3,6 camas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes, frente a las 2,27 camas de Andalucía o las 2,54 de Castilla-La Mancha.
Una brecha parecida puede abrirse al comparar el uso y funcionamiento de tecnologías de diagnóstico como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, quirófanos en funcionamiento o equipos de hemodiálisis entre los distintos servicios regionales de salud. Lo que resulta incuestionable a la vista de los datos es que la suma de servicios no es igual a un Sistema Nacional de Salud ni garantiza a los ciudadanos las mismas oportunidades de acceso y de tratamiento. Aunque los factores demográficos
como el envejecimiento y determinantes como el sobrepeso, el consumo de tabaco y alcohol o las enfermedades profesionales influyen en los resultados finales, también cabe preguntarse por qué la esperanza de vida de un madrileño supera los 84 años, mientras que la de un andaluz, asturiano, canario, valenciano o extremeño no supera los 82 años.
Bien es cierto que el presupuesto destinado a sanidad no es la medida de los resultados obtenidos. La reducción del despilfarro es una de las claves para mejorar la eficiencia en la atención sanitaria, como apunta el profesor Jaume Puig-Junoy, de la Universidad Pompeu Fabra. Este experto en economía de la salud aboga así por limitar los procesos, productos y servicios que no aportan valor. “En algunos casos existe un sobretratamiento de pacientes que se combina con una subutilización de servicios sanitarios que no reciben pruebas, tratamientos o intervenciones que estarían indicados dada su situación clínica”, asegura. Junto a otros expertos, Puig-Junoy apunta evidencias de subutilización de fármacos en la prevención del reinfarto, la tromboembolia en la fibrilación auricular, en la insuficiencia cardiaca, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la hipertensión arterial, según recoge en una reciente publicación del Colegio de Economistas de Madrid. El coste de esta infrautilización se traduce, en un incremento de la morbilidad y mortalidad evitable y en un despilfarro del gasto en hospitalizaciones y tratamientos de enfermedades que se podían evitar, añade.
Uso excesivo de pruebas
En el otro lado de la balanza hay que situar el uso excesivo de pruebas, tratamientos, intervenciones y visitas innecesarias a los ambulatorios o las urgencias. De nuevo, las diferencias en la frecuentación de servicios entre comunidades son muy amplias aunque las cifras globales, en este caso, están más influidas por el envejecimiento de la población.
Otro de los factores que condiciona más la respuesta sanitaria autonómica es el sistema de financiación. La financiación actual del modelo no sólo depende de la capacidad fiscal, sino que las variables de reparto de los recursos adicionales del sistema introducen ya un importante sesgo entre regiones. Este último fondo, por ejemplo, pondera las cifras de población en función de parámetros estadísticos y sociológicos de toda índole, como la población protegida según siete grupos de edad, la superficie, la dispersión o la insularidad entre otras variables.
El próximo modelo de financiación autonómica tendrá, entre otras cuestiones, que decidir si se retorna al sistema anterior a la actual Ley 22/2009 y se obliga a destinar un mínimo a gasto sanitario. Desde el sector se reclama que el nuevo sistema recupere el carácter finalista de los ingresos públicos y los recientes pactos firmados por el Gobierno con médicos y enfermeros recogen, entre otros objetivos, “definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal” y un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera de servicios del SNS. Unos objetivos que, hoy por hoy, está muy lejos de cumplir el actual modelo.