El sistema sanitario necesita un consejo de administración
Son cada vez más numerosas las voces dentro de la Sanidad que piden un órgano con capacidad ejecutiva, formado por autoridades sanitarias, profesionales y pacientes, para acabar con las desigualdades por territorios
El 88 por ciento de las mujeres en Navarra se ha hecho una mamografía, frente al 65 y el 66 por ciento en Baleares y Andalucía. Navarra dispone de 4,47 enfermeras por cada 1.000 habitantes y la Comunidad Valenciana y Andalucía no superan el ratio de 2,75 profesionales. Son sólo dos ejemplos, que ofrecemos hoy en páginas interiores, que definen nuestro sistema sanitario actual. La financiación del modelo y la gestión ineficiente de las competencias ha abierto una brecha entre autonomías cada vez más acusada. ¿Puede garantizarse la misma atención a los enfermos en todo el territorio? Parece complicado. Con este escenario, no son pocas las voces que piden cada vez con mayor insistencia un nuevo órgano, con funciones ejecutivas, que regule el sistema sanitario en España. Una especie de consejo de administración en el que se aprueben las medidas a tomar y éstas sean vinculantes para todos. En la actualidad esa función la debe cumplir el Consejo Interterritorial de Salud. Desde 2003, es el órgano de comunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la administración del Estado “para dar cohesión al sistema y garantizar los derechos ciudadanos en todo el territorio”. Pero sus decisiones ni son unánimes ni tienen la obligación de cumplirse, por lo que sus medidas se quedan en simples recomendaciones.
Este consejo de administración, al que algunos prefieren llamarle Agencia del Sistema Nacional de Salud por aquello de no relacionarse con el mundo empresarial, tendría por tanto capacidad ejecutiva y en su órgano de gobierno deberían estar, además de Gobierno central y autonomías, los profesionales, los pacientes y las empresas sanitarias. Sólo con medidas tomadas por mayoría en un órgano con fin ejecutivo, se podría acabar con algunas de las últimas aventuras en materia farmacéutica tomadas por algunas comunidades autónomas. Medidas como las subastas de medicamentos andaluzas, recurrida por el Gobierno, o la imposición de algoritmos de prescripción y la dispensación directa en centros de atención primaria de la Comunidad Valenciana son otra clara fuente de inequidad para los ciudadanos es el acceso a los medicamentos.
En pleno debate sobre los límites de financiación del sistema y del apoyo en la concertación con las compañías de salud, lo que está clara es que la sanidad española puede estar gestionada por medios públicos o privados pero lo que de verdad define al sistema es su tremenda desigualdad para los ciudadanos.