EL MEDICAMENTO SEGUIRÁ DE COMODÍN PARA CUADRAR EL DÉFICIT
Algunas autonomías están presionando al Ejecutivo para que apruebe nuevos recortes en fármacos cuando el objetivo de ahorro en esta partida está cumplido y las propias autonomías se niegan a aplicar el copago hospitalario
El gasto en recetas médicas sigue siendo el comodín para cuadrar los presupuestos autonómicos. Después de cuatro años de bajadas, los Gobiernos regionales se han acostumbrado a descontar el recorte anual de esta partida gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno central, lo que les ha permitido mantener el statu quo de sus gastos en sanidad sin acometer, salvo excepciones, ninguna reforma de calado.
Pero el reciente repunte del gasto en julio y septiembre, mes en el que el capítulo de recetas ha registrado un incremento del 9,75 por ciento respecto
a septiembre de 2012, además de poner fin a la racha ininterrumpida de bajadas, añade un punto de incertidumbre en las cuentas de 2014. Y es que son muchas las consejerías de Sanidad que no se creen los ahorros en farmacia para el próximo año y están presionando al Ministerio para que apruebe nuevas medidas en esta área, a pesar de que ninguna región ha querido aplicar la resolución sobre el copago hospitalario de medicamentos ambulatorios y enfrentarse al rechazo generalizado que ha suscitado esta medida.
Nueva orden de precios
Por eso, el Ministerio de Sanidad acelerará los plazos para aprobar la nueva orden de precios de referencia antes incluso de que finalice el año, con el fin de allegar un ahorro de entre 300 y 400 millones de euros, pero no renunciará a imponer el copago en los fármacos dispensados en hospitales a pacientes no ingresados. El Ministerio confía, además, en la extensión de las centrales de compra para lograr esos ahorros que Bruselas y el Fondo Monetario Internacional también han reclamado en el área del gasto hospitalario.
Pero la coartada del elevado gasto farmacéutico de España ya no se sostiene, una vez que los recortes de los últimos cuatro años se han centrado casi en exclusiva en los medicamentos, lo que ha situado el peso de esta partida cerca del 15 por ciento del gasto sanitario que reclama la Comisión Europea y que se marcó como objetivo la ministra Ana Mato cuando asumió la cartera de Sanidad. Incidir en este camino es, como recuerda Farmaindustria, un error de cálculo de consecuencias graves, ya que la industria farmacéutica se ha convertido en uno de los principales motores de exportación de la economía española.
El alza registrado en los meses de julio y septiembre no supone, además, un cambio de tendencia.
El alza del gasto en medicamentos entre julio y septiembre no refleja un cambio de tendencia, según los expertos
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier FernándezLasquetty, considera que estas variaciones “están distorsionadas”, ya que se están comparando las cifras de gasto actual con los meses del año pasado, cuando entraron en vigor la nueva aportación farmacéutica en julio o la desfinanciación pública de más de 400 medicamentos de septiembre. El nuevo copago que comenzó a aplicarse en julio del año pasado provocó, por ejemplo, un acopio de medicamentos el mes anterior, como explica el consejero a la revista Sanidad de elEconomista.
En cualquier caso, Fernández-Lasquetty se muestra cauto y esperará al cierre del año para comprobar si se trata de “un efecto estadístico” o de un nuevo efecto rebote de una partida que sigue dando serios quebraderos de cabeza.
Impagos en Cataluña, Valencia y Murcia
A este panorama se suman los impagos de recetas en Cataluña, Valencia y Murcia, que han dejado entre la espada y la pared a las farmacias. Las boticas catalanas han planteado crudamente la situación. Ya no tienen capacidad para seguir financiando facturas por más de 400 millones de euros que les adeuda el Gobierno de Artur Mas, por lo que no pueden seguir comprando más medicamentos. Si no paga el Gobierno regional, los ciudadanos tendrán que asumir el coste total de los fármacos, según anunciaron la semana pasada los farmacéuticos. Una medida a la desesperada para forzar que el Gobierno regional priorice los pagos de una prestación sanitaria básica.