ANA MATO SOFOCA LA REBELIÓN VALENCIANA
La ministra de Sanidad obliga al Gobierno de Fabra a modificar el modelo de prestación farmacéutica en la región, aunque Castilla y León le abre un nuevo frente judicial con el copago hospitalario
La ministra de Sanidad, Ana Mato, comienza poco a poco a sofocar los distintos fuegos autonómicos que amenazan con calcinar su reforma sanitaria. La última región en apagar su revuelta farmacéutica ha sido la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Alberto Fabra modificará así el Decreto-ley 2/2013, que estableció los algoritmos de prescripción, la concertación selectiva con las farmacias y el suministro directo de medicamentos. Una auténtica bomba de relojería en el mecanismo actual de la prestación farmacéutica.
El Gobierno no ha tenido que recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, como sí hizo con éxito para paralizar el euro por receta de Cataluña y Madrid, sino que, a través de la Comisión Bilateral de Negociación, ha logrado un acuerdo entre los ministerios de Sanidad y Hacienda y Administraciones Públicas con las consejerías valencianas respectivas para reformar la norma y adaptarla al marco de la legislación estatal, según las enmiendas introducidas por el PP en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2014. En el caso de los algoritmos de prescripción, que selecciona la prescripción automática y más barata para cada tratamiento, se garantiza al médico su libertad de prescripción para cambiar la opción establecida por el ordenador en el caso que lo requiera.
Falta por conocer la letra pequeña y su aplicación real, ya que la industria farmacéutica denunció que la Consejería valenciana cercenaba dicha libertad de prescripción al limitarla a 30 recetas a cada médico sin ajustarse a las directrices marcadas por el algoritmo, una situación que ha negado la Consejería que dirige Manuel Llombart. El consejero explica que se buscan “tratamientos con los mismos costes por áreas” dentro del respeto de la
libertad de prescripción de los médicos, admitió la semana pasada.
Junto a este pacto, Sanidad también ha encauzado el espinoso asunto para las farmacias de la concertación selectiva de la prestación farmacéutica pública. La enmienda aprobada obliga a los titulares de boticas a adherirse al acuerdo marco general, con lo que se impide la ruptura del actual modelo negociado por los colegios provinciales. También se bloquea el suministro directo a los domicilios por parte de la Consejería de productos farmacéuticos dentro de su programa Akasa. Ahora se restringe esta posibilidad a productos sanitarios siempre que se ajuste a la normativa estatal. Queda todavía por resolver la aplicación de la instrucción publicada por el Ejecutivo valenciano sobre la preparación y elaboración de determinados medicamentos en la farmacia de hospital para su dispensación en centros de salud. La industria farmacéutica ha recurrido esta medida.
Es el último episodio de una revuelta que empezó con la aprobación del euro por receta en Cataluña y que siguió después en la Comunidad de Madrid. Las dos comunidades tuvieron que rectificar y anular la medida por mandato del Tribunal Constitucional.
Pero ni mucho menos está ganada la batalla por cohesionar el Sistema Nacional de Salud. El último frente abierto es el copago hospitalario para algunos medicamentos, muchos de ellos contra el cáncer. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que recurrirá en los tribunales la nueva aportación hospitalaria de 56 medicamentos de dispensación ambulatoria retirados del canal de farmacia y que estaban sometidos a copago, después de enviar un requerimiento al Ministerio que el departamento de Ana Mato ha desestimado. A pesar del rechazo generalizado que suscita entre todas las regiones, Sanidad no suprimirá la medida y mantiene su entrada en vigor en enero, después de que ninguna comunidad aplicase la medida el 1 de octubre, como se obligaba en la resolución de Sanidad. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, considera que la resolución aprobada no tiene el rango legal suficiente para cambiar la prestación y opina que este copago no tendrá ningún efecto disuasorio, ni generará ahorros para la sanidad pública.