Subasta de medicamentos en Andalucía: primeros problemas de falta de fármacos
Los laboratorios que no participaron en el concurso acaban rescatando a los pacientes afectados por un sistema que sólo ahorra un tercio de lo previsto y pone en peligro el suministro de las farmacias
Mucho ruido y pocas nueces, de momento. La brecha abierta por la política farmacéutica de la Junta de Andalucía apenas ha generado ahorros en medicamentos y sí muchos pleitos y recursos judiciales sobre la gestión de la Consejería de Sanidad. Subastas para dispensar en exclusiva en farmacia, concurso de lotes de medicamentos con principios activos distintos sobre la base de supuestas equivalencias terapéuticas o retirada de fármacos del canal de farmacia para dispensarlos en los hospitales son tres de las medidas ensayadas por el Servicio Andaluz de Salud para ahorrar en medicamentos a
cualquier precio con escaso éxito hasta ahora. Las tres subastas de medicamentos de venta en farmacia adjudicadas por el Gobierno andaluz entre 2012 y 2013 sólo han ahorrado 104 millones de euros, de los 327 millones previstos por el Servicio Andaluz de Salud, según las cifras reconocidas por la Consejería que dirige María José Sánchez Rubio. Es menos de un tercio de lo calculado por la Junta, sin contar el desgaste institucional y la incertidumbre que está provocando en el sector una medida recurrida por el Gobierno en dos ocasiones ante el Tribunal Constitucional y que tiene a buena parte de los pacientes, profesionales sanitarios e industria farmacéutica en pie de guerra.
Dos años después de la adjudicación de la primera subasta, el 12 de marzo de 2012, Cofares considera que el sistema de subastas de la Junta ni favorece la adherencia terapéutica de los pacientes crónicos, ni contribuye a la sostenibilidad, sino que genera “inseguridad jurídica” además de “dificultades de aprovisionamiento para el sector”, como apuntan los datos recabados por IMS Health. Más de la mitad de las ventas de las referencias subastadas para su venta en exclusiva en la farmacia provienen así de las compañías que se quedaron fuera del concurso y que, al final, han acabado supliendo la falta de suministro de los laboratorios adjudicatarios. En total, sólo el 46 por ciento de las unidades dispensadas en las boticas fue suministrado por las farmacéuticas que se hicieron con el concurso. Y es que el proceso iniciado por la Junta en 2012 y que continuó en 2013 con dos nuevas subastas -la última el pasado 13 de noviembre- no ha contado nunca con el respaldo de las farmacéuticas. De los 335 principios activos sacados a licitación sólo se han podido adjudicar 133 por falta de ofertas -ver gráfico-.
Freno a las alternativas equivalentes
No es el único pulso judicial que está manteniendo la Junta con el sector a cuenta de su política farmacéutica. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarc) de la Junta de Andalucía anuló, el pasado 12 de marzo, las licitaciones y los pliegos del concurso de alternativas equivalentes terapéuticas del Gobierno andaluz, una medida que plantea ahorros de entre ocho y diez millones de euros al año.
Tanto Farmaindustria como otras asociaciones empresariales y de pacientes recurrieron la medida por entender que la Junta no puede homologar medicamentos hospitalarios con distintos principios activos sobre la base de supuestas equivalencias terapéuticas. Un extremo en el que no entra la resolución del Tarc al calificar de “cuestión técnica y no jurídica”. La suspensión del Tarc obliga, en cualquier caso, al Gobierno andaluz a redactar de nuevo los pliegos de condiciones de una nueva licitación al entender que los criterios de adjudicación vulneran “la igualdad de trato entre los licitadores”. El tribunal obliga así a la Junta a eliminar del pliego criterios incluidos en la baremación del concurso, como el envasado, la forma de presentación o características galénicas del medicamento, al no valorarse sobre un mismo principio activo, sino sobre distintos principios activos que la Junta considera equivalentes en contra del criterio de la industria.
La decisión no ha dejado satisfecha a la patronal de la industria innovadora. Farmaindustria estudia si recurre la resolución del Tarc, ya que considera que la justificación de la conformación de lotes con diversos principios activos “no es consistente”, según fuentes consultadas de la patronal, lo que podría vulnerar los principios de igualdad de trato entre los licitadores.
La Junta sacó a licitación 22 lotes de grupos o conjuntos de medicamentos que tienen principios activos distintos pero que cuentan con una actividad terapéutica similar, para seleccionar un solo fármaco para tratar la dolencia concreta.
El último palo legal que ha recibido el Servicio Andaluz de Salud es de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada. En su sentencia de 17 de marzo, niega la competencia de la Junta para sacar 250 medicamentos del canal de farmacia con el fin de dispensarlos de forma exclusiva en los hospitales andaluces, una competencia que “corresponde al Estado en exclusiva”, precisa un fallo que cuestiona una medida que también han aplicado otras comunidades.