FRENAZO A LOS CONTRATOS CON LA SANIDAD PRIVADA
Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha congelan los conciertos tras el efecto ‘marea blanca’
La batalla librada en Madrid en torno a la fallida privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales está pasando factura al sector de la sanidad privada. La actividad concertada por las comunidades autónomas se está viendo penalizada en 2013 y 2014, a pesar de que la colaboración del sector privado sigue siendo clave para reducir las abultadas listas de espera de la sanidad pública y resulta, en algunos casos, más barata para el sistema público.
La contratación global entre la sanidad pública y los centros privados absorbió el 11 por ciento del gasto sanitario público, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad referidos a 2011. En total, son 7.600 millones de euros repartidos entre las 17 comunidades autónomas, que siguen contando con la privada para prestar servicios públicos, ya sea en la modalidad de concesión administrativa, conciertos o mutualismo administrativo, pero con más reservas. Este volumen de contratación se ha reducido ligeramente desde 2008, año en el que se alcanzó un pico de 7.723,4 millones de euros.
Cataluña es la comunidad que más dinero dedica a la contratación públicoprivada al superar los 2.450 millones de euros, el 24 por ciento de su gasto en salud. Porcentaje que ha reducido un 8,6 por ciento entre 2009 y 2011, según los últimos datos disponibles. Una de las partidas que más ha recortado en los últimos tres años ha sido la actividad concertada. Si en 2008 adjudicó
concursos públicos por valor de 33,9 millones de euros en diagnóstico por imagen, laboratorio y análisis clínico y terapias respiratorias, las tres áreas con mayor volumen de actividad, en 2011 redujo esta partida hasta 1,9 millones, que mantuvo en 2012 y que sólo incrementó hasta los 6 millones en 2013, según datos recabados por Maninvest y recogidos en el exhaustivo Análisis
de situación 2014 elaborado por el Idis. En lo que va de año mantiene el freno pisado, ya que sólo ha adjudicado contratos por valor de 157.589 euros en diagnóstico por imagen.
Andalucía también ha recortado en un 8 por ciento su colaboración con el sector privado, hasta reducirla a 446,5 millones de euros. En el terreno de la concertación, adjudicó 68,4 millones de euros el año pasado a concursos en diagnóstico laboratorio, terapias respiratorias y hemodiálisis, las cuatro actividades más contratadas por el sector público. Son 12,8 millones menos que el año anterior. Es sólo una mínima parte de la actividad externalizada por la Junta, ya que mantiene convenios singulares con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el grupo José Manuel Pascual Pascual, que recientemente ha prorrogado por solo dos años y con una reducción del 5 por ciento, además de otras fórmulas de colaboración en 14 hospitales gestionadas por empresas públicas. En total, la Consejería de Salud mantiene conciertos con 17 centros hospitalarios.
En el caso madrileño, su consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, ya ha avanzado su intención de revisar la actividad concertada para “ver si se puede hacer al mismo precio o más barato con profesionales de los hospitales”. Hasta ahora su discurso es el de explotar los recursos propios frente a la externalización de la sanidad, que se acometerá “sólo lo necesario”, según ha precisado recientemente. Dicho y hecho, porque el Servicio Madrileño de Salud contrató sólo por valor de 1,1 millones en exploraciones diagnósticas, laboratorio y hemodiálisis en 2013, frente a los 16,7 millones de 2012. En lo que va de año ha congelado los concursos y solo ha adjudicado 22.295 euros en diagnóstico por imagen. El resto de actividades más contratadas permanece desierto.
Castilla-La Mancha es otra región que ha declarado la guerra a los conciertos y prefiere transportar en ambulancia a los pacientes a otras regiones o abrir turnos de noche en los centros públicos para ahorrar en una actividad concertada que se centra en el diagnóstico por imagen y las terapias respiratorias. Si en 2010, la Junta adjudicó 42,4 millones en estas dos actividades, un año después con el nuevo Gobierno de María Dolores de Cospedal se redujo a 1,3 millones, para convertirse en casi testimonial en 2012, con 106.372 euros adjudicados, y 398.622 euros en 2013. En lo que va de año tan sólo se ha adjudicado por valor de 6.000 euros. Son algunos de los ejemplos más evidentes, junto con Asturias, Extremadura o Navarra, de la brecha abierta en la colaboración tradicional entre la sanidad pública y privada, que va más allá del impacto
que han tenido los recortes presupuestarios en todas las partidas autonómicas de salud. Juan Abarca, secretario general del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), que agrupa a las grandes aseguradoras sanitarias y grupos hospitalarios privados, expresa con claridad el temor del sector a que se “demonicen” las fórmulas de colaboración público privada, “como ya se está viendo”. En
declaraciones tras la presentación del exhaustivo Análisis de situación 2014, Abarca ya adelantó la semana pasada que “hay varias comunidades autónomas que están replanteándose reconvertir los modelos de concesiones y disminuir las listas de espera”.
Y es que en 2012, el mercado de hospitales privados facturó en conciertos 1.490 millones de euros, el 24 por ciento de su facturación, con un descenso del 6,3 por ciento. Una tendencia que se está acentuando en los últimos ejercicios. Los recortes están generando además una gran inestabilidad en el sector privado, donde el 42 por ciento de los centros hospitalarios privados presenta algún tipo de concierto con las Administraciones Públicas y esta actividad representa cerca del 25 por ciento de los ingresos de los hospitales.
A pesar de estos temores, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León o Galicia mantienen un alto nivel de concertación con el sector privado, a pesar de su ajuste del gasto público. Murcia, Baleares y Cataluña han firmado contratos entre hospitales públicos y empresas de tecnología sanitaria para dotar, renovar o mantener equipos clínicos o adquirir equipamiento tecnológico. En Galicia, el Sergas ha convocado un concurso en 2014 por valor de 73 millones de euros para adjudicar a una empresa privada la gestión de equipos de prueba y procedimientos de diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia. Una buena oportunidad para renovar equipos de una sanidad pública obsoleta, como refleja el informe de Fenin, y donde las principales multinacionales del sector sólo están encontrando mercado en el sector privado.
Las concesiones, la otra gran modalidad de colaboración público-privada, son las más afectadas. La paralización de este sistema en los seis hospitales públicos madrileños reduce a ocho los centros operativos bajo este modelo de concesión -cinco en la Comunidad Valenciana y tres en la Comunidad de Madrid-, que ha quedado muy dañado por la polémica desatada en la capital. De ser una fórmula de crecimiento del sector, cuyo volumen de negocio ascendió a 1.101 millones de euros, ha pasado a quedar en cuarentena.
Otra de las grandes amenazas del sector es la congelación presupuestaria del mutualismo administrativo, que protege a cerca de dos millones de personas. A pesar de que el gasto per cápita de la población cubierta (738 euros) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.236), la Administración sigue presionando a la baja el coste de la prima hasta hacer el modelo prácticamente inviable para las cuatro compañías –SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial- que todavía permanecen en el sistema Muface.
Una situación muy perjudicial para el Sistema Nacional de Salud, ya que el sector privado representa el 27 por ciento del gasto sanitario total y absorbe una fuerte actividad que descongestiona el sistema sanitario público gracias a los conciertos en pruebas como diagnóstico por imagen o intervenciones quirúrgicas, terapias respiratorias, diálisis, rehabilitación o logopedia. Frente a demoras de más de dos meses para someterse a una resonancia magnética en el Servicio de Salud Riojano, por ejemplo, el tiempo medio en la sanidad privada es de 8,5 días. El presidente del Idis, Javier Murillo, ha subrayado al respecto que “todas las autonomías utilizan la iniciativa privada para resolver el difícil problema de la gestión sanitaria”. Una fórmula, en su opinión, que “podría ser de más amplia utilización si no fuera por las barreras que las peleas partidistas generan en la planificación y gestión sanitarias”. Murillo advierte de que “estamos enfrentando los modelos público y privado, cuando lo razonable es que vayan de la mano”.