Los hospitales privados se rebelan contra las mutuas de accidentes de trabajo
El Gobierno ha abierto la posibilidad al sector de las mutuas de accidentes de trabajo de entrar en el mercado sanitario privado como un operador más, algo que ha encendido a los hospitales y clínicas privadas.
Las mutuas de accidentes de trabajo se han convertido en el nuevo quebradero de cabeza de los centros sanitarios privados. Si el mercado hospitalario y de clínicas sanitarias ya vive una época revuelta por la inminente subida del IVA sanitario en 2015, la nueva Ley de mutuas ha vuelto a soliviantar al sector.
Con el proyecto de ley aprobado el pasado 25 de julio, se da la posibilidad al sector de las mutuas de accidentes de trabajo de entrar en el mercado sanitario privado como un operador más. O al menos así lo entienden los hospitales privados, que por medio de sus dos principales interlocutores, la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) y el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis) ya han mostrado su rotunda oposición al Ministerio de Empleo por el nuevo rol dado a estas entidades.
A partir de ahora, las mutuas podrán contratar asistencia con aseguradoras privadas de salud, así como concertar con el Sistema Nacional de Salud. Los hospitales y clínicas consideran que estos dos hechos son “gravemente perjudiciales” para la sanidad privada. El objetivo del Gobierno al aprobar la nueva ley era conceder a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
Sin embargo, con la nueva ley también se ha abierto la posibilidad de que las mutuas comiencen a colaborar con la Sanidad Pública asumiendo pruebas o tratamientos médicos, algo a lo que se oponen frontalmente las clínicas privadas. Los centros sanitarios aseguran que se consolidaría una práctica que ya han denunciado anteriormente a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y a la propia Secretaría de Estado de la Seguridad Social: la contratación de los medios de las mutuas para descongestionar la sanidad pública.
Ante esta medida, la federación de clínicas privadas considera que si no se establecen por ley los precios a los que concertarán las mutuas con los servicios de salud públicos, “existe la posibilidad de que esta concertación se realice por debajo de los costes reales de esta asistencia, puesto que las instalaciones, equipamientos y personal de las mutuas están financiadas por empresas asociadas y trabajadores protegidos a través de cuotas de la Seguridad Social”.
Competencia desleal
Sobre la posibilidad de que estas entidades puedan contratar asistencia con entidades aseguradoras privadas, la patronal de las clínicas privadas entiende que acarrearía la entrada en el mercado de asistencia sanitaria privada más de 400 centros, 21 de ellos hospitales, “que cuentan con privilegios fuera del alcance de los complejos sanitarios privados, como la exención tributaria absoluta y la financiación vía cuotas a la Seguridad Social”, algo que, para este organismo, “distorsionará gravemente el mercado, causando un gran daño a la libre competencia”.
Esta situación, añaden, daría una situación de preferencia a las mutuas, ya que estos centros “están en su mayoría amortizados vía cuotas y, dadas sus ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios privados resultaría muy perjudicada, ya que ninguna clínica podría igualar las condiciones de las que parten las mutuas”.
El objetivo del Gobierno es dar más poder a las mutuas para frenar el absentismo injustificado.