Mato fijará precios máximos en los implantes
La nueva regulación de la cartera común básica afectará a un mercado de 1.128 millones de euros
Marcapasos, desfibriladores, válvulas, estent, prótesis, implantes vasculares, digestivos, oftalmológicos o auditivos, entre otras técnicas, tecnologías y procedimientos que requieren cirugía, se verán afectados por la futura Orden que prepara el Ministerio de Sanidad. El proyecto presentado en julio concreta y actualiza la cartera común básica de implantes quirúrgicos y afectará a un mercado de 1.128 millones de euros.
La norma prevé regular también los estudios de monitorización para conocer el coste, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la seguridad o la utilidad sanitaria de estas técnicas y dispositivos. Un mecanismo que servirá para controlar no sólo la introducción de innovaciones, sino también para evaluar los productos que están ya en el mercado, como destaca Isabel Dávila, directora ejecutiva de Fenin.
La patronal de empresas de tecnología sanitaria ve con buenos ojos la nueva regulación porque supone “una oportunidad para actualizar una cartera de productos obsoleta de una forma ordenada”, apunta Dávila.
Fenin considera que la regulación no tendrá un impacto económico para las Administraciones ni tampoco supondrá ahorros para el Sistema Nacional de Salud. La propia memoria económica del proyecto presentado por Sanidad reconoce que la nueva cartera de productos no representará un incremento del gasto, ya que si bien se concreta y generaliza la inclusión de nuevos tipos de implantes que algunas comunidades autónomas estaban ya proporcionando, también excluye otros considerados obsoletos o bien cuyas indicaciones de uso quedan restringidas o acotadas, lo que supondrá una contención del gasto difícil de cuantificar. Este es el difícil balance que propone el Ministerio para que la normativa no eleve el gasto público autonómico.
Sanidad prevé además fijar precios máximos de financiación, como prevé el Real Decreto 1506/2012, que regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica. Se ponen así las bases para establecer importes máximos de financiación o ajustes en los precios que abonan las comunidades autónomas en la adquisición de los implantes más consumidos a través de las centrales de compra autonómicas o estatales. Estos precios permitirán comparar los precios de compra regionales gracias a una cartera más detallada y con un mayor nivel de desagregación de productos, según recoge el proyecto de Orden.
El Gobierno busca lograr así una mayor equidad en el acceso y evitar las actuales diferencias entre las prestaciones que reciben los usuarios en cada una de las comunidades autónomas.