Reinversión y coste de oportunidad en sanidad
La Ley General de Sanidad (LGS) afirma en su artículo 3.1. : “Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades”. Esta previsión no debe interpretarse, sin embargo, como que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tenga la obligación de colmar cualquier demanda de atención sanitaria, sino sólo de prestar aquellos servicios que reporten unos beneficios -unas ganancias de salud- razonables a la población. De lo anterior se deduce que todas aquellas tecnologías sanitarias que no proporcionen ningún beneficio o que lo hagan sólo muy marginalmente, bien porque sean ineficaces o inefectivas, innecesarias, inapropiadas o incluso potencialmente perjudiciales, no deberían formar parte de la cartera de servicios del SNS, simplemente porque no estarían obedeciendo al propósito del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de las enfermedades. Obviamente esta conclusión de alcance sistémico es de aplicación a todos los niveles de la gestión sanitaria, no sólo a las decisiones de financiación pública de las prestaciones, sino también a las decisiones de distribución de recursos entre servicios, centros y niveles asistenciales, así como a la propia práctica clínica.
Pero incluso la prestación de servicios sanitarios que sí son efectivos -que sí aportan valor clínico- no puede -ni debeampliarse indefinidamente. No puede, porque las capacidades del presupuesto público son inevitablemente limitadas, mientras que las necesidades son virtualmente ilimitadas. Es decir, si bien los recursos públicos no deben gestionarse únicamente atendiendo a criterios de eficiencia y economía -también deben responder a una asignación equitativa-, hacer un uso ineficiente de ellos entraña un despilfarro, ya que, por definición, podrían tener un mejor destino alternativo, habida cuenta de que el presupuesto es finito. Es esta finitud la que confiere sentido al concepto de eficiencia económica o, lo que es lo mismo, al imperativo de establecer prioridades en la asignación de los recursos disponibles.
Que la forma tradicional de distribuir los recursos sanitarios -como el resto de los medios públicos por otra parte- responda a un patrón histórico que propende al incrementalismo -“lo mismo que el año pasado más un poco más”- camufla el coste de oportunidad de no hacer un uso eficiente de dichos recursos. Dicho coste de oportunidad -los beneficios que dejan de obtenerse por las oportunidades desaprovechadas- se hace patente, no obstante, ante una coyuntura como la actual marcada por el desafío que representa para España reducir a más de la mitad su cifra de déficit público en términos del PIB de aquí a 2016.
Ante el desafío de sostener o incluso mejorar el output sanitario con menos recursos caben varias alternativas; desde recurrir a los manidos recortes hasta intentar evitar despilfarros