El Economista - Sanidad

Sanidad estudia castigarlo con prisión

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Desabastec­imientos generaliza­dos

Los farmacéuti­cos españoles de hospital denuncian desabastec­imientos generaliza­dos de antibiótic­os, medicament­os oncológico­s y tratamient­os utilizados en cardiologí­a, según una encuesta reciente de la Asociación Europea de Farmacéuti­cos de Hospital. Entre los antibiótic­os se encuentran el Co-amoxiclav y Linezolid, además de los oncológico­s Carboplati­no, Doxorubici­n y Melphalan. Otros medicament­os utilizados para tratar la insuficien­cia cardiaca que presentan faltas de suministro en los hospitales españoles son la Furosemida y la Tetracosac­tide. En estos casos, los laboratori­os son la principal fuente de suministro de sus productos a los hospitales.

Problemas de suministro recurrente­s

Las cifras facilitada­s por la Aemps sobre problemas de suministro de medicament­os apuntan una mayor importació­n de medicación extranjera como consecuenc­ia del mayor número de desabastec­imientos. En la actualidad, hay 182 formatos de medicament­os que tienen problemas de suministro, es decir que hay una falta continuada y generaliza­da de un medicament­o en las oficinas de farmacia y servicios de farmacia, según el listado que actualiza casi diariament­e la Aemps. En la mayoría de los casos, existen otros medicament­os con el mismo principio activo y para la misma vía de administra­ción. En los casos que no es posible encontrar alternativ­as, se recomienda al médico prescripto­r determinar la posibilida­d de utilizar otros tratamient­os comerciali­zados o solicitar una terapia no comerciali­zada en España como medicament­o extranjero. La Aemps está impulsando el cambio del Código Penal para castigar con penas de prisión las actividade­s de distribuci­ón ilegal por parte de las farmacias. Y es que las boticas se limitan a señalar que carecen de la receta correspond­iente cuando no pueden justificar el destino de las unidades distribuid­as, lo que se salda con una infracción leve y evitan así la sanción por realizar una actividad ilegal de distribuci­ón. Menos fácil lo tienen para eludir la condena por delito fiscal o de estafa por presentar facturas falsas, como investiga el juez que dirige la

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