La sanidad no da votos en unas elecciones, pero sí los quita

Parafraseando un tópico del periodismo se podría decir: no dejes que una sentencia del Tribunal Constitucional te estropee un buen eslogan o tu propia campaña electoral

Parafraseando un tópico del periodismo se podría decir: no dejes que una sentencia del Tribunal Constitucional te estropee un buen eslogan o tu propia campaña electoral. Es lo que ha ocurrido con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que tendría que servir para cerrar de una vez por todas el falso debate en torno a la supuesta privatización de la sanidad pero que, al contrario, no está consiguiendo mover ni un milímetro la posición ideológica de los partidos que defienden solo, y de forma excluyente, la gestión pública de la sanidad.

Dice el Alto Tribunal que la “posible apertura a formas de gestión y responsabilidad privada se lleva a cabo preservando, en todo caso, la titularidad pública del servicio” y añade que la Constitución “no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa”, además de recordar el carácter público de su financiación o la “igualdad de acceso” de los ciudadanos al sistema público.

El fallo, que desestima la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad presentado hace un par de años por 50 senadores socialistas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud, llega lógicamente tarde, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suspender el proceso ante la presión política y social ejercida con las llamadas mareas blancas y en un momento en que la privada se ha convertido en el pimpampum de la próxima campaña electoral.

Todos los partidos, sin excepción, han renegado de las fórmulas de colaboración público privada. Incluso la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid se ha comprometido a no externalizar la gestión de ningún centro más, aparte de abrir un confuso debate sobre la revisión de las actuales concesiones que se vio obligada más tarde a rectificar.

La presión política, unida a la mala comunicación de los objetivos de una medida que persigue una mayor eficiencia, ha conducido a que la ciudadanía sienta resquemor y reaccione contra cualquier proyecto de gestión privada en sanidad. Los partidos lo saben y, por eso, a falta de un debate real y necesario sobre reformas del modelo, están utilizando la privada como el blanco fácil de sus dardos, conocedores de que la sanidad no gana votos, pero sí los quita.