La reforma sanitaria prometida por el PSOE cuesta 10.000 millones de euros
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista prometen nuevos derechos en Sanidad, siempre y cuando el Estado invierta un punto más del PIB en salud
Diez mil millones. Es la cifra que el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, ha calculado como “déficit estructural” o insuficiencia presupuestaria del Sistema Nacional de Salud. En total, un punto más del PIB que situaría el gasto público en salud en el 6,5 por ciento al nivel de la media de países más desarrollados de la OCDE.
Este es el horizonte que se ha marcado el partido de Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones generales. De momento, los presupuestos del año que viene incluirán un incremento de 7.462,8 millones de euros que se
transferirá a las comunidades autónomas, aparte de los 2.900 millones de euros de ahorro en el gasto de intereses por los fondos de financiación habilitados por el Estado, como recuerda el Ministerio de Hacienda.
Hasta entonces, los nuevos gobiernos autonómicos socialistas están avanzando ya las medidas que van a poner en marcha y haciendo un frente común contra la política del Gobierno central, como se hizo patente en el último Consejo Interterritorial del SNS, que desbarata cualquier intento de cohesionar el modelo.
Bajo la bandera de recuperar “la equidad, la universalidad y la suficiencia financiera”, los Ejecutivos socialistas están aplicando ya lo que se puede denominar como contrarreforma sanitaria de las medidas aprobadas por la exministra Ana Mato y que incluso el actual titular de Sanidad, Alfonso Alonso, está revisando con el anuncio de ampliación de derechos sanitarios para los inmigrantes sin papeles, la eliminación de los copagos previstos en la ley 16/2012 o la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario de edad pediátrica, acordada en el pasado pleno del Consejo Interterritorial de 29 de julio.
No todo será gasto, sino que Martínez Olmos ha cifrado, por ejemplo, en 1.500 millones de euros los ahorros que la sanidad española puede obtener si extiende el sistema de subastas de medicamentos sin patente aplicado en Andalucía al resto del SNS. Ahorro que estira hasta los 2.000 millones de euros si se aplican otras políticas como la prescripción por principio activo o la mejora en el control y seguimiento de los tratamientos de los pacientes crónicos polimedicados.
Pero el objetivo último de los socialistas que está sirviendo de ariete de cara a las próximas elecciones generales no es otro que derogar el Real Decreto-ley 16/2012, que retiró la tarjeta sanitaria a 800.000 personas, entre inmigrantes ilegales y otros que no acreditaban ser asegurados ni beneficiarios.
Cantabria, la Comunidad Valenciana y Baleares ya han puesto en marcha la extensión a toda la población empadronada en las regiones no ya de la tarjeta sanitaria, porque eso corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social y los gobiernos autonómicos no tienen competencias para ello, sino de un documento que les permita acceder a los servicios sanitarios de la región de residencia o empadronamiento. Estas comunidades siguen así los pasos de otras que han aplicado medidas para garantizar el acceso a la atención sanitaria de personas en situación irregular, como Asturias, Andalucía, o comunidades como País Vasco y Navarra, que han llegado a garantizar por
ley la universalidad de la atención sanitaria. Otros frentes abiertos por las consejerías de salud gobernadas por el Partido Socialista son la reversión o revisión de los modelos externalizados que ya está aplicando la Comunidad Valenciana y la extensión del sistema andaluz de subastas de medicamentos.
El ejemplo más palmario de la nueva política socialista es la Comunidad Valenciana. Tras el cambio de color político, el Gobierno regional se ha puesto manos a la obra para dar tarjetas sanitarias a cualquier persona, ya sea residente legal o ilegal, que lleve tres meses empadronado en la región. Es una medida recogida en el borrador de bases para el acuerdo de garantía de atención sanitaria universal. La consejería de Sanidad que dirige Carmen Montón ha elaborado un plan que permitirá el acceso a los servicios médicos en las mismas condiciones que el resto de los usuarios, con copago farmacéutico del 40 por ciento y del 10 por ciento si son medicamentos de aportación reducida. Esta garantía solo cubrirá la atención en la sanidad valenciana y los beneficiados no dispondrán de tarjeta sanitaria, sino de un
Andalucía se obligará por ley a invertir el 6,5% del PIB en salud a final de la legislatura
documento de asistencia temporal SIP. Son los mismos pasos que está dando el Gobierno balear. La presidenta Francina Armengol tiene previsto aprobar un decreto para devolver la tarjeta sanitaria a los 20.000 inmigrantes ilegales que, según el nuevo Ejecutivo, perdieron por aplicación del Real Decreto 16/2012.
Por su parte, Andalucía trabaja en un proyecto que establece que los presupuestos de la comunidad contarán con la financiación suficiente para el sistema sanitario público. Entre otras medidas, la norma propone que el presupuesto en salud alcance, como mínimo, el objetivo del 6,5 por ciento del Producto Interior Bruto al final de la legislatura. El consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, también ha anunciado la reposición del cien por cien de la jornada y el salario para los eventuales estructurales, y se ha recuperado en este ejercicio la paga extra para todos los profesionales del sistema. Además, se han convocado los procesos de concurso oposición y traslado, con el máximo de plazas que ha permitido la tasa de reposición del Gobierno Central.