La prescripción enfermera, sin publicarse
Los profesionales de la Enfermería arman un frente autonómico y jurídico para frenar la aplicación del artículo 3 de un decreto de “antiprescripción” que “está muerto”, según Máximo González Jurado
Los profesionales arman un frente jurídico para frenar la aplicación del decreto
Cuarenta días después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto de prescripción enfermera, el Gobierno no se ha atrevido a publicarlo todavía en el BOE y podría esperar hasta pasadas las elecciones generales para minimizar el impacto de una norma que ha levantado en armas al colectivo de profesionales más numeroso de la sanidad española.
La profesión enfermera no ha desaprovechado el tiempo y el Consejo General de Enfermería (CGE) ha logrado movilizar a la profesión, lograr el apoyo de doce comunidades autónomas a su causa, reunirse con los representantes de las principales fuerzas políticas de la oposición y tener listo un dictamen jurídico para recurrir la norma en el momento de su publicación y pedir la suspensión del artículo 3 de la discordia.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene razones pues de sobra para no recoger en el BOE una norma de “antiprescripción enfermera” que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, decidió cambiar a última hora, en vísperas de su aprobación por el Consejo de Ministros. El decreto, largamente esperado por la enfermería, modificó el artículo 3 y desvirtuó así el texto consensuado con las comunidades autónomas y ratificado por el Consejo de Estado. Este cambio representa una “traición”, a juicio de los enfermeros, y un motivo suficiente que quiere aprovechar la profesión para recurrirlo ante el Tribunal Supremo y tumbarlo una vez se publique en el BOE.
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el CGE y el sindicato Satse, dispone ya del dictamen jurídico elaborado por un equipo de juristas del despacho Gómez-Acebo & Pombo, que dirige el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Alfonso Santamaría Pastor.
Las conclusiones de los juristas son tajantes: “Una vez que el Real Decreto de prescripción enfermera llegue a publicarse en el BOE, las enfermeras se enfrentarán a una grave inseguridad jurídica y a un riesgo de responsabilidades personales muy fuertes”, señaló el coordinador del equipo de expertos del Despacho, Carlos Vázquez Cobos. Es la línea defendida por los enfermeros que advierten de la “enorme inseguridad personal y profesional al obligarle a decidir entre cumplir la legalidad o actuar en contra de lo que dice el Real Decreto”, supuesto este último que podría acarrear responsabilidades disciplinarias, civiles e incluso penales, apuntan los enfermeros.
Hay que recordar que el cambio en el articulado impone, en el caso de los fármacos que requieren receta, la necesidad de que el médico determine