Madrid activa la figura del ‘chivato’ en la Sanidad
El Gobierno de Cristina Cifuentes aprueba una Ley de Protección de los denunciantes internos, con el fin de ofrecer garantías y hacer más fácil la denuncia de hechos perjudiciales para el Servicio Madrileño de Salud
La denuncia pública efectuada por un médico del hospital Gregorio Marañón de Madrid contra sus propios colegas del departamento de Anatomía Patológica del centro, por presuntas “prácticas irregulares” que investiga el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, puede sentar precedente en la sanidad española. A iniciativa del Partido Socialista, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada por la Asamblea de Madrid obliga al Gobierno regional a crear un marco de Protección de los denunciantes internos. Se trata de una enmienda presentada por los socialistas que, bajo el título de Medidas de prevención del fraude y la corrupción, insta a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional a crear “un entorno que anime a denunciar hechos y circunstancias perjudiciales para pacientes, profesionales o el interés público”. Es el caso de la causa abierta en el Gregorio Marañón, donde se investiga la realización de al menos 2.700 análisis a pacientes ajenos al centro utilizando los medios públicos del centro madrileño, unos hechos que denunció Comisiones Obreras ante el juzgado por delito de malversación por parte de 12 profesionales del hospital.
El nuevo marco de protección para los denunciantes internos no se circunscribe solo a profesionales de la sanidad pública madrileña, sino que también pretende ofrecer garantías de protección a los denunciantes de entidades, empresas y organizaciones con las que el Sermas tenga “contratos, conciertos o acuerdos”. Es decir, ampara también a cualquier trabajador del sector privado que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito o irregularidad con fondos públicos.
A falta de que el Gobierno madrileño establezca qué garantías legales se van a ofrecer, está todavía por ver si se recurrirá a mecanismos que incentiven a los denunciantes a dar este paso siempre difícil que puede poner en riesgo su situación laboral, sobre todo cuando se trata de un trabajador de la empresa privada. Es lo que sucede en Estados Unidos o el Reino Unido, países de gran tradición a la hora de
recompensar estos chivatazos. El propio grupo socialista ha reconocido su inspiración del Gobierno federal de Estados Unidos a la hora de presentar la enmienda.
Puertas giratorias
Los socialistas también han logrado que el Gobierno de Cristina Cifuentes regule de forma expresa los conflictos de interés e incompatibilidades en la sanidad pública. Con este objetivo, la Consejería de Sanidad elaborará una normativa para regular este tipo de situaciones a todos los niveles de las organizaciones sanitarias que integran el Sermas, poniendo en marcha así mecanismos que garanticen su cumplimiento y para dar transparencia al registro de intereses.
Asimismo, dentro de este esfuerzo por la transparencia, el Sermas publicará cada mes en Internet, en formato reutilizable directamente por los usuarios, la lista de espera quirúrgica, así como las listas de todos los hospitales, desagregadas por patologías. Deberán estar además disponibles los datos de los últimos cinco años para facilitar el análisis de su evolución. Otra información que se podrá consultar en la web sobre la sanidad madrileña serán los datos del Sistema de Información de Atención Especializada, de Atención Primaria y de emergencias del SUMMA 112. Incluso la política de personal será más transparente, ya que está previsto la creación en Internet del Portal Estadístico de Personal, con el fin de tener acceso a toda la información estadística relevante sobre personal al servicio de la sanidad pública madrileña, por categorías profesionales, especialidades, relación contractual, centro, edad, sexo, etcétera.
La sanidad madrileña sigue dando así pasos importantes en mejorar el acceso a la información del sistema, después de que facilitara hace dos años los indicadores básicos de atención y gestión clínica de los hospitales de la red pública, con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer así con más conocimiento de causa su derecho a elegir hospital, centro o profesional de la salud.
¿Recompensar por denunciar?
¿Estaría dispuesto a denunciar a su propia empresa por una buena causa? Algunos países como Estados Unidos e Inglaterra piensan que sí merece la pena premiar los chivatazos y la confidencias de fraudes, sobornos, escándalos o de cualquier tipo de irregularidad. Bajo la False Claims Act, se permite a cualquier ciudadano demandar a quienes cometen un fraude contra cualquier programa del Gobierno federal. La Ley prevé sanciones que pueden llegar a triplicar los daños y ofrece además premios que pueden oscilar entre el 15 y el 30 por ciento del dinero recuperado.