Cataluña abre una ‘cruzada’ contra los hospitales privados
La Generalitat radicaliza el discurso independentista al tiempo que convierte al sector privado en el nuevo chivo expiatorio de los problemas financieros que arrastra su sistema de salud
El Gobierno catalán sigue viviendo en una ficción que están pagando sus ciudadanos. Cataluña dispone así del presupuesto autonómico más alto pero mantiene, en cambio, el cuarto gasto relativo en sanidad más bajo del Sistema Nacional de Salud, con 1.102 euros per capita. ¿Resultado? Ni paga las recetas dispensadas por las farmacias a tiempo, ni tampoco está en condiciones de reducir sus listas de espera.
El Ejecutivo que preside Carles Puigdemont tampoco parece dispuesto a invertir las prioridades de gasto y la independencia se mantiene como el comodín que todo lo explica y todo lo arregla en la Cataluña que gobiernan Junts pel Sí (ERC y CDC), con las imposiciones ahora de la CUP.
Nunca antes se había utilizado tanto el argumento de la independencia para justificar el recorte de 1.500 millones en el presupuesto sanitario
desde 2008 y el consecuente deterioro de la calidad asistencial que reflejan los datos de las listas de espera. Y mientras llega la independencia, el nuevo consejero de Salud, Toni Comín, aplica el programa sanitario de ERC y la CUP, a pesar de que el nuevo presidente de la Generalitat se comprometiese en su discurso de investidura a mantener el modelo de sanidad y las políticas sanitarias aplicadas por su antecesor Artur Mas.
Y es que lo que está poniendo en marcha Comín es una enmienda a la totalidad de la política convergente, comenzando por el desmantelamiento de la red sanitaria mixta catalana. El sector privado se ha convertido así en el nuevo chivo expiatorio de los problemas financieros que arrastra la sanidad catalana.
El proceso para revertir privatizaciones y reducir al mínimo la colaboración con el sector privado en la comunidad donde más peso tiene ya ha comenzado y es una de las prioridades que se ha marcado el consejero Comín, exmilitante del PSC y enrolado ahora en las filas de ERC.
El primer paso ha sido expulsar a la Clínica del Vallés y al Hospital Universitario General de Cataluña del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat), que incluye centros públicos y concertados dentro de la red de uso público y financiado con dinero público, para “reforzar el carácter público del sistema sanitario”, según anunció Toni Comín en su primera comparencia ante la Comisión de Salud en el Parlamento el pasado 11 de febrero. Esta decisión se adoptó el 22 de febrero, aprovechando el vencimiento de los contratos con estos centros que gestiona el grupo Quirónsalud. Sólo la Clínica del Vallés atiende 2.600 operaciones y 1.000 hospitalizaciones al año en pacientes derivados.
En el punto de mira del consejero está ahora el Hospital Sagrado Corazón, también de la compañía que dirige Víctor Madera que gestiona en Barcelona ocho centros sanitarios, cuyo convenio finaliza en 2022. Se trata de una política incluida en el plan de choque social acordado entre JxSí y la CUP que puede tener un coste elevado en empleo. La Junta Facultativa del Hospital de Cataluña calcula que al menos 230 puestos de trabajo están en juego si se excluye al centro de la red pública, ya que casi el 15 por ciento de su facturación depende de la actividad concertada.
No es una buena noticia para los más de 160.000 pacientes catalanes que están en listas de espera quirúrgica o diagnóstica. El Gobierno catalán necesitaría 1.000 millones de euros, según el consejero, para reducir los tiempos de demora. Unos fondos, en este caso, que sólo se pueden lograr “con la independencia”, como señaló Comín quien no ha tenido reparo en poner en marcha la creación de una nueva Agencia del Medicamento catalana. De momento, el plan de choque social pactado entre las fuerzas independentistas de 270 millones, de los que 100 se destinan a Sanidad, según el Ejecutivo catalán, no es suficiente para mejorar la sanidad de los catalanes. Y el consejero ya ha advertido a la CUP de que, sin nuevos presupuestos, “la Consejería no contará con los 100 millones que necesita para reducir las listas de espera”, objetivo del plan de choque social por el que JxSí consiguió el apoyo de los anticapitalistas para formar Gobierno.
El consejero también quiere reducir las derivaciones a la sanidad privada y para ello impulsará una auditoría para analizar los flujos de pacientes entre el sistema público y privado. El problema es que, como han señalado desde la Federación Nacional de Clínicas Privadas con datos sobre tarifas públicas de servicios sanitarios publicados, la actividad concertada es, por término medio, un 50 por ciento más barata que la pública.