Cataluña se lanza a por la sanidad privada por motivos ideológicos
La Generalitat se arriesga a perder futuras inversiones también desde la sanidad privada, un campo donde hasta ahora Cataluña había sido un modelo por su integración entre ambos sistemas
Cataluña ha sido hasta ahora la región que más había apostado por la colaboración con la sanidad privada para atender a su población. El 25 por ciento de su gasto en salud, uno 2.500 millones de euros, dedicaba cada año la Generalitat a conciertos con compañías sanitarias, un dinero que se dedicaba fundamentalmente a descargar las elevadas listas de espera quirúrgicas de la sanidad pública. Sin embargo, la llegada al poder de Junts pel Sí (ERC y CDC), con las imposiciones de la CUP, ha llevado a convertir al sector privado en el nuevo chivo expiatorio de los problemas financieros que arrastra la sanidad catalana. El proceso para revertir privatizaciones y reducir al mínimo la colaboración con el sector privado en la comunidad donde más peso tiene ya ha comenzado y es una de las prioridades que se ha marcado el consejero Toni Comín, exmilitante del PSC y enrolado ahora en las filas de ERC.
El primer paso ha sido expulsar a la Clínica del Vallés y al Hospital Universitario General de Cataluña del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat), que incluye centros públicos y concertados dentro de la red de uso público y financiado con dinero público, para “reforzar el carácter público del sistema sanitario”, según anunció el consejero, que aprovecha así el vencimiento de los contratos con estos centros que gestiona el grupo Quirónsalud. En el punto de mira del consejero está ahora el Hospital Sagrado Corazón, también de la compañía que dirige Víctor Madera que gestiona en Barcelona ocho centros sanitarios, cuyo convenio finaliza en 2022. Hasta la Junta Facultativa del Hospital de Cataluña, formada por los médicos del propio hospital, ha salido públicamente rechazando la medida y alertando que la decisión pondría en peligro al menos 230 puestos de trabajo.
No es una buena noticia para los más de 160.000 pacientes catalanes que están a día de hoy en listas de espera quirúrgica o diagnóstica. Y no es bueno, sobre todo, para el futuro de las inversiones en Cataluña. Bien haría el consejero Comín en conocer la historia de la entrada del grupo IDC (hoy Quironsalud) en el Hospital Sagrado Corazón. Una instalación al borde de la desaparición, que la propia Generalitat salvó acudiendo a la iniciativa privada, hoy tan denostada. No sabemos dónde acudirá hoy Comín para su rescate. Pocas empresas querrán seguir invirtiendo en Cataluña con estos precedentes.