Industria y pacientes: un encuentro necesario
Promovida por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, la Real Academia Nacional de Farmacia acoge esta jornada que abordará el acceso a tratamientos innovadores y la nueva regulación de ensayos clínicos.
Los acuerdos de riesgo compartido tienen pros y contras. Si bien se trata de “experiencias piloto que permiten validar herramientas para medir resultados en salud y vincular los mismos con condiciones específicas de financiación de medicamentos en un ámbito local”, según señalan fuentes consultadas del sector, también apuntan que “extender estas experiencias a ámbitos más amplios no es eficiente, ya que requieren mecanismos de gestión administrativa y monitorización de resultados que actualmente resultan muy costosos”. El valor añadido real de estas experiencias, apuntan los expertos, “consiste en la posibilidad de utilizar la medición de resultados a través de registros de pacientes en los procesos de fijación de precio. Los registros automatizados de pacientes permitirían vincular el precio a la generación de resultados en materia de seguridad y efectividad que optimizarían las decisiones de precio y reembolso, además de ayudar a garantizar la correcta asignación de recursos”, sostienen.
Pendientes de regulación
El Ministerio de Sanidad trató de legislar sin éxito este tipo de estrategias de financiación para reducir los altos precios de la innovación durante la pasada legislatura a través del Real Decreto de Precios de Financiación. También está pendiente de desarrollo el registro nacional de ensayos clínicos, una herramienta que podría impulsar los acuerdos de pago por resultados al permitir a los pacientes que lo necesiten incorporarse a los estudios mediante el uso compasivo amparado por el Real Decreto 1015/2009 para acceder en la fase inicial de desarrollo clínicos de los nuevos tratamientos. No obstante, fuentes de Sanidad se preguntan si los acuerdos de riesgo compartido compensan, ya que pueden resultar “más difícil de implementar que los descuentos o techos de gasto, porque la realización de pruebas varía mucho dependiendo del lugar, además de obligar a hacer una monitorización exhaustiva con unos plazos concretos”, advierten.