ACCIDENTES DE TRÁFICO A PRECIO PÚBLICO DE SALDO
La sanidad pública no está facturando el coste real de los siniestros viales a las aseguradoras al fijar por convenio precios que son diez veces más baratos que los establecidos por el mercado
La sanidad pública no está facturando a su coste real los cuidados que reciben las víctimas de accidentes de tráfico en los centros públicos. Una situación que, además de generar un importante agujero en las cuentas públicas ya que los costes íntegros los deben asumir las aseguradoras, provoca “una competencia desleal a la sanidad privada”, según Cristina Contel, presidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP).
Y es que la diferencia de precio de los tratamientos recibidos en la sanidad pública y privada en estos casos puede ser un 90 por ciento inferior en el caso de los centros públicos. Así, para una misma patología que requiere ingreso hospitalario, la atención de una clínica privada sin convenio de tráfico se eleva hasta los 9.338,46 euros, frente a los 4.419,72 euros de un hospital privado con convenio de tráfico (Grupo A) y reducirse a 591 euros en un hospital público con convenio de tráfico.
Unas tarifas estas últimas que no reflejan el coste real de la asistencia, ya que la sanidad pública estaría diluyendo sus costes específicos de atención a los accidentados en el
presupuesto global público, según el informe sobre siniestralidad vial de la Fundación Global Salud que promueve la FNCP y que hizo público en febrero. Dicho informe recuerda que el Seguro Obligatorio del Automóvil en España tiene una cobertura de hasta 70 millones de euros, donde se incluyen los gastos sanitarios que deberían ser asumidos íntegramente y a su coste real por las aseguradoras del ramo del automóvil.
Para José Pérez Tirado, miembro de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico, “no se debería establecer ningún Convenio que no cumpla el criterio principal de facturar el verdadero coste real de la asistencia sanitaria”. Los costes médicos asumidos por el Sistema Nacional de Salud equivaldrían al 6 por ciento del coste directo total de un siniestro, que se repartiría entre reparación de daños materiales (58 por ciento), indemnizaciones (28 por ciento) y otros conceptos como peritos, etcétera (8 por ciento), según las cifras expuestas por Pérez Tirado.
La FNCP defiende que cada paciente víctima de un accidente sea tratado de forma personal e individualizada. Su asistencia se debe adecuar así a su dolencia y no a un proceso estandarizado. Pero no es lo que ocurre en la sanidad autonómica, ya que las tarifas que los seguros abonan por el tratamiento de los accidentados están reguladas por convenio entre Unespa y las entidades sanitarias públicas y privadas adheridas. Navarra y Valencia, por ejemplo, tienen firmado un acuerdo con Unespa -la asociación empresarial del seguro-, para abonar un módulo único de 886 euros por lesionado todo
incluido, sea cual sea el tipo de lesión y coste sanitario que pueda producirse. En ese precio se incluyen todos los gastos asistenciales hasta e fin del proceso. El resto de regiones mantiene acuerdos de tarifas que ascienden a 615 euros en los casos de hospitalización en planta durante los primeros cinco días de ingreso y, a partir del sexto día, 551 euros. Si se trata de la hospitalización en una unidad de grandes quemados o en una UVI, el coste se eleva a 1.142 euros, mientras que si es una urgencia sin ingreso supone un coste de 255 euros, según los precios publicados en los boletines autonómicos.