Los Gobiernos regionales con coalición PSOE-Podemos elevan su deuda sanitaria
Las regiones comandadas por alianzas de partidos de izquierda elevan la morosidad con los proveedores del sector por encima de los 100 días y los impagos cerraron en 6.000 millones en 2015
Los Gobiernos de Extremadura, Aragón, Murcia, Baleares o Aragón no tienen entre sus prioridades el pago a tiempo de las facturas a sus proveedores sanitarios. Laboratorios, empresas de tecnología sanitaria, clínicas privadas y farmacias vuelven a cobrar con importantes retrasos sus facturas sanitarias. El periodo medio de pago de la deuda comercial sanitaria se eleva así en Extremadura hasta los 130,81 días, frente a la media de 65,51 días del conjunto de autonomías. Son más de 35 días por encima del plazo máximo marcado (30 días) en la normativa antimorosidad y 12 días por encima del pago del resto de operaciones. Aragón (123,6) y Murcia (104 días) también superan los cien días de demora para atender las deudas contraídas. Canarias y País Vasco son las regiones que antes pagan, con 5,81 y 10,62 días de media, respectivamente. Junto con Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha, sólo cinco Comunidades cumplen y no superan el límite legal de 30 días.
Lo más preocupante para las empresas es la tendencia registrada. Desde junio del año pasado, fecha de formación de la mayoría de gobiernos autonómicos, los ratios de pago han ido empeorando. En Extremadura se ha pasado de abonar las facturas a 90 días en junio a hacerlo a 138 días el pasado mes de noviembre. En el caso de Baleares, los abonos se han retrasado hasta los 95 días frente a los 59 días de seis meses antes. Aragón también ha demorado sus pagos hasta los 99 días, frente a los 69 de junio, mientras que en el caso valenciano se ha pasado de pagar a 38 días a hacerlo a 87 días en noviembre. No se recoge en esta comparación el mes de diciembre, porque fue entonces cuando el Gobierno hizo efectiva la dotación extraordinaria del Fondo de Financiación para las regiones con el fin de cubrir sus necesidades de financiación.
A estas comunidades hay que sumar la Región de Murcia, gobernada por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, que presenta el peor balance al disparar su periodo medio de pago de los 46 días de junio a los 105 registrados en noviembre.
Cierre del grifo
Hacienda ya ha apercibido a las comunidades de Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura y Murcia, y en los casos de Aragón y Extremadura ha iniciado el procedimiento de retención de su financiación por valor de los importes adeudados a los proveedores.
El cierre del año pasado arrojó una deuda con los proveedores sanitarios de 5.997,38 millones de euros a fecha de diciembre, frente a una deuda comercial global de 8.994,44 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Más de dos tercios de lo adeudado por las regiones corresponde a compromisos sanitarios, lo que refleja los problemas de financiación que siguen arrastrando las comunidades para hacer frente al pago con los proveedores del sector.
El único cambio positivo que se ha registrado para unos proveedores sanitarios acostumbrados a soportar la financiación del gasto público en salud es que los distintos mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno han permitido que no se arrastre apenas deuda comercial correspondiente a otros ejercicios. Sólo el 0,73 por ciento del importe adeudado total tiene su origen en años anteriores a 2015 y, desde 2012, se ha reducido el importe de la deuda comercial de 14 regiones en un 67,3 por ciento, según datos de Hacienda. Por volumen de deuda sanitaria, Valencia, Andalucía, Madrid y Cataluña son las más endeudadas.
Las Administraciones Públicas podrían llevarse una desagradable sorpresa si, finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a liquidar a los proveedores los intereses de demora devengados, cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición a los acreedores para cobrar sus facturas atrasadas. En total, la factura podría ascender a 3.000 millones de euros por este concepto, según los cálculos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
En cualquier caso, la comparación con 2012 es favorable al momento actual, ya que se ha reducido el importe de la deuda comercial para las catorce comunidades afectadas en un 67,3 por ciento, según los últimos datos del cierre de 2015.