Los datos avalan a los hospitales concertados de Ribera Salud en Valencia
El Gobierno valenciano abre una guerra de cifras con el grupo que más datos aporta sobre calidad asistencial, eficiencia y productividad para justificar una reversión de las concesiones que puede agrandar el déficit público
El Gobierno de Ximo Puig está empeñado en revertir las cinco concesiones administrativas de hospitales operativas en la Comunidad Valenciana por una decisión política que nada tiene que ver con los resultados económicos o asistenciales del modelo de gestión privada publicados hasta la fecha. Hasta tal punto está elevando la presión que Puig acusó recientemente a las empresas concesionarias de funcionar “como si fueran paraísos fiscales”.
Nada más lejos de la realidad, como sostienen desde Ribera Salud, el grupo empresarial que gestiona cuatro (Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó) de los 24 Departamentos de Salud que integran la sanidad valenciana. Desde 2008, los hospitales de gestión privada están sometidos a auditorías y controles periódicos de cuatro órganos diferentes. Además de los comisionados de la propia Consejería de Sanidad, ejercen esta inspección la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, la Intervención de la Generalitat y los Acuerdos de Gestión, que evalúan más de 130 indicadores asistenciales y de calidad de todos los departamentos públicos de salud y fijan objetivos de productividad. Se trata de un imperativo legal y contractual para calcular la cápita por paciente de cada año. Son, además, los técnicos de la propia Administración valenciana quienes realizan esta labor de fiscalización, una razón por la que el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, reclama a la consejera de Sanidad, Carmen Montón, la publicación de los resultados comparados de cada departamento para analizar los diferentes modelos de gestión sanitaria existentes y que los ciudadanos puedan comparar. De momento, la consejera de Sanidad ha puesto en marcha nuevas auditorías y ha sustituido a los comisionados responsables de supervisar el correcto funcionamiento de las concesiones sanitarias, si bien el equipo de
10-12 técnicos que inspeccionan cada centro sigue siendo el mismo. Carmen Montón también ha engrosado la estructura directiva de la Consejería con la creación de una Dirección General de Alta Inspección Sanitaria, con el objetivo de revisar las concesiones y “hacer que se cumplan o, en caso contrario, ver si es posible revocarlas”, según aseguró en una de sus comparecencias en las Cortes Valencianas.
Todo parece indicar que el Gobierno valenciano tendrá que esperar para cumplir su palabra a que finalice el periodo de concesión de 15 años, que en el caso del Hospital de Alzira expira en 2018, seguido de Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2015, si bien Carmen Montón confía en recuperar Alzira y Denia-La Marina esta misma legislatura.
En el caso de Denia es DKV, el socio mayoritario de la sociedad concesionaria, quien ha mostrado su deseo de vender su participación del 65 por ciento en Marina Salud. La posibilidad de que sea el propio Gobierno valenciano el comprador es remota porque, además del coste millonario que supondría para las arcas regionales, tendría que resolverse el conflicto legal que plantea a la Administración ser al mismo tiempo el adjudicador y el adjudicado del concurso público, sin mencionar que es el grupo Ribera Salud quien posee la preferencia de tanteo sobre Denia y quien se encuentra en conversaciones con DKV.
Control y transparencia
Mientras tanto, y a falta de resultados o de datos públicos comparables entre centros como sí ofrecen Cataluña o Madrid, Ribera Salud sí ha hecho los deberes y publicado sus cifras a partir de la información que facilita la Consejería a cada centro por separado en su relación con la media de hospitales de la red pública.
En el caso concreto de las listas de espera, los pacientes de Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó esperaron en 2014 entre 10 y 20 días menos de media para las visitas de Atención Especializada y entre 13 y 58 días menos de media para las intervenciones quirúrgicas si se comparan con los tiempos medios de la Comunidad Valenciana y del SNS. Además, la proporción de pacientes con esperas superiores a 30 días para consultar a un especialista es igual o inferior a la de la Comunidad, según el informe facilitado por Ribera Salud.
En cuanto al coste y la eficiencia de los departamentos concesionados que cubre la atención primaria y especializada de una población de 701.311 habitantes, los datos también son favorables a los cuatro centros concertados de Ribera Salud. El coste económico por habitante de estos departamentos (888 euros) sería un 38 por ciento menor que el gasto medio en salud por persona de los centros de gestión directa en 2014, que ascendía de media a 1.332 euros por habitante (ver tabla). El ahorro por paciente en 2014 ascendería a 444 euros en las concesionarias participadas por Ribera Salud si se compara con el coste de 1.332 euros por paciente de la gestión pública.