Un pacto de Estado en sanidad sin líneas rojas
Los partidos políticos acercan posiciones en la Comisión de Sanidad del Congreso como ensayo de nuevas mayorías y consensos de cara a la próxima legislatura
Los partidos políticos acercan posiciones en la Comisión de Sanidad del Congreso
La necesidad de llegar a acuerdos políticos para formar Gobierno está demostrando que los vetos políticos no son tan rotundos en materia sanitaria y que la próxima legislatura podría ser una ocasión propicia para lograr un Pacto de Estado por la Sanidad. El acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Ciudadanos revela que las líneas no son tan rojas en el terreno sanitario si existe voluntad política.
El copago farmacéutico es un ejemplo de la flexibilidad y el posibilismo mostradas por las distintas formaciones. De exigir la eliminación de los cambios introducidos en la Ley 16/2012 como condición sine qua non, el PSOE de Pedro Sánchez se ha conformado con “garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”, según recoge el acuerdo firmado con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Incluso Podemos admite ahora también la posibilidad del copago farmacéutico como peaje que pagaría para lograr un acuerdo, si bien el grupo sigue hablando de “impuesto a la enfermedad” o de “pobreza farmacéutica” para referirse a la repercusión que la aportación tiene en algunos bolsillos e incluye su eliminación en su programa electoral “de emergencia social”. La formación morada defendió así su reforma, que no derogación, en una proposición no de ley ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que incluye un mecanismo de evaluación periódica del impacto del copago para identificar a los colectivos más perjudicados. Este punto de su propuesta sí fue aprobada por la Comisión de Sanidad, pero no las nuevas escalas en función de la renta que bien podrían modular la actual aportación. Podemos aboga por fijar un tope trimestral del copago para la población activa en seis tramos según su renta. Quedarían exentos del pago quienes no alcancen los 12.450 euros al año, mientras que las rentas anuales entre dicho tope y 20.200 abonarían un límite máximo trimestral de 24,69 euros, o de 55,56 euros en el umbral hasta 35.200 euros.
Cobertura universal
La derogación de la ley de 2012 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco es una exigencia de los socialistas, como sí lo fue durante la pasada legislatura. El único escollo que se mantiene firme es el reestablecimiento de la cobertura del Sistema Nacional de Salud, para recuperar la situación anterior a 2012, si bien el propio ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ya se mostró dispuesto a ampliar la cobertura
de la asistencia sanitaria a los extranjeros con residencia ilegal en España antes de los pasados comicios. Sanidad, eso sí, sigue advirtiendo que la fórmula utilizada no puede ser la empleada en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Y es que ambos partidos, con renuncia de lo defendido durante la campaña electoral por parte de la formación naranja, consideran que los extranjeros sin papeles pueden ser titulares de la tarjeta sanitaria con tan solo cumplir el criterio de estar empadronados y “en las mismas condiciones que los españoles”, para renglón seguido señalar que a los nacionales de los Estados miembros de la UE se les aplicará “el sistema de tarifas vigente para su satisfacción por los respectivos países”, una discriminación difícil de defender desde el punto de vista del derecho comunitario.
Son solo algunas de las iniciativas sanitarias parlamentarias no vinculantes que los distintos grupos de la Cámara han presentado durante las últimas semanas como un ensayo de los acuerdos a los que son capaces de llegar en sanidad. Algunas de las proposiciones no de ley tienen un claro tinte electoral y se han aprobado por unanimidad en la Comisión de Sanidad del Congreso que apenas ha estado operativa tres semanas. Es el caso de la concesión de ayudas a víctimas de la talidomida o de la regulación de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios presentada por el PP y que tan solo se opuso el portavoz del PNV. Una norma de carácter general que, entre otros objetivos, persigue garantizar la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad engañosa y regulando de forma detallada la inspección, control, responsabilidades y sanciones, para evitar escándalos como los que han salpicado recientemente a las franquicias dentales Funnydent y Vitaldent.
Otras proposiciones no de ley presentadas por los partidos pueden ser un indicador de sus prioridades sanitarias, como la promoción de la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, el impulso de la atención primaria de salud, el plan de actuación frente a la Hepatitis C, la lucha contra la obesidad infantil, la valoración de discapacidad para las personas con enfermedades neurodegenerativas o medidas para evitar riesgos en las exploraciones radiológicas, entre otras.