Los laboratorios llevan a los médicos a los congresos, ¿quién si no?
La Administración no puede soportar la inversión necesaria para dotar de una formación continua de calidad a los médicos, algo que debe recaer, con transparencia, en la industria
La semana pasada, el sector farmacéutico dio un paso de gigante al arrojar luz sobre uno de los aspectos más polémicos de su actividad: los pagos que destina a los médicos. La transparencia fue más allá de revelar que el desembolso destinado a los facultativos rondó los 500 millones en 2015. Los asociados a Farmaindustria también desglosaron cuáles eran los motivos de esos pagos. En su mayoría (casi un 40 por ciento del total), se relacionan con actividades vinculadas a la I+D y son, por tanto, compensaciones que los médicos reciben por participar en ensayos clínicos de los que se derivarán nuevos medicamentos. Pero también existe una alta cuantía, un 24 por ciento, de pagos clasificados como “ayudas para acudir a congresos”, que cubren aspectos como el desplazamiento o el alojamiento.
Hacienda ha puesto su lupa sobre este apartado considerando que podrían clasificarse como pagos en especie. Dotarlos de esa categoría tiene consecuencias fiscales muy claras desde el 22 de diciembre de 2013, cuando entró en vigor un nuevo régimen fiscal para estas remuneraciones, que obliga a que coticen al 100 por ciento en el IRPF. Sin duda el debate está abierto, en la medida en que, en algunos casos, se trata de ayudas directas que recibe el médico -incluso en metálico- mientras que en otros la operativa está totalmente en manos del laboratorio, y el facultativo carece de control alguno sobre aquéllas. Ahora bien, en los casos en que se demuestre que se trata de un efectivo pago en especie, el régimen fiscal vigente debe aplicarse como la ley establece. Sólo actuando de esta manera, este tipo de remuneraciones estarán completamente regularizadas y se disipará toda sospecha sobre ellas.
A partir de ahí el único debate posible en la sociedad actual es quién costea la necesaria formación continua de nuestros profesionales médicos. Los datos publicados gracias a la iniciativa de Farmaindustria muestran que una buena parte de esos 496 millones de euros que los laboratorios invierten al año en los médicos va destinada a renovar sus conocimientos científicos. ¿Pueden nuestras administraciones, nuestros hospitales o, en último lugar, nuestros impuestos, soportar esa carga adicional de inversión? Parece que no, sobre todo en un sistema, el sanitario, que cada año sobrepasa sus presupuestos y acumula un déficit de unos 7.000 millones.