El gasto en patología mental, el más afectado
El Sistema Nacional de Salud responde bien al recorte del gasto público registrado entre 2009 y 2014, pero a fuerza de ahondar en las diferencias territoriales, incrementar las listas de espera y aumentar el número de pacientes afectados por enfermedades
Según el informe del Círculo de Sanidad elaborado por la Fundación Gaspar Casal
El impacto de la crisis económica en la salud de la población está todavía por escribirse. El Grupo Parlamentario Socialista ya ha pedido al Gobierno que se ponga manos a la obra en una proposición no de ley aprobada en el Congreso y, a falta del diagnóstico oficial, hay estudios que comienzan a apuntar algunos síntomas de deterioro o secuelas que los expertos recomiendan vigilar en el futuro. La última investigación presentada bajo el título La Sanidad Española en cifras 2016 corresponde al Círculo de la Sanidad y ha sido elaborada por la Fundación Gaspar Casal. En el compendio de estadísticas reunidas en esta obra dirigida por el investigador Juan del Llano se avanzan algunos datos preocupantes y se constatan, sobre todo, importantes diferencias territoriales. En el terreno de la morbilidad preocupa, por ejemplo, el aumento de las enfermedades mentales y también de la tasa de suicidio, junto a otras realidades como el incremento de las cifras de bajo peso al nacer, mientras que en la accesibilidad del sistema destaca el empeoramiento de las listas de espera quirúrgica y diagnóstica, donde la tasa de pacientes para consultas especializadas se ha incrementado un 36 por ciento entre 2012 y 2015. En financiación y organización del sistema son cada vez más evidentes las diferencias autonómicas. Lejos de cerrarse, la brecha en el gasto sanitario público per capita entre comunidades sigue abriéndose y se acentúan también las diferencias en recursos humanos, uso de tecnología, prestación de servicios, sobre todo en el terreno socio-sanitario, y también de resultados en salud en la población.
Sorprende, en lo que se refiere al gasto, que una comunidad como Castilla-La Mancha (1.053 euros per capita) pueda garantizar la misma calidad en su cartera de servicios tras aplicar un recorte en su gasto público del 33 por ciento desde 2009 que Castilla y León, que dedica 1.623 euros por persona y siendo regiones comparables por su densidad de población. La comunidad manchega es así la
región que presenta menos ingresos hospitalarios y, después de Cantabria, la que tiene menor actividad quirúrgica y es probable, por lo tanto, que acumule una mayor lista de espera, a falta de datos desagregados por regiones en este indicador de accesibilidad al sistema. Difícil es también que una región como Andalucía pueda prestar el mismo servicio sanitario a sus pacientes con una tasa de enfermeras especializadas (2,67 profesionales por cada 1.000 personas), que es casi la mitad de la que ofrecen otras autonomías como País Vasco, Aragón y Navarra, con más de cuatro enfermeras por ratio de población.
Son algunas de las sombras que arroja la crisis sobre un SNS que, después de todo, ha soportado el paso de la crisis “de manera firme”, subrayan los autores del estudio, y a pesar de haber reducido el gasto público per capita un 10,61 por ciento entre 2009 y 2014 que ha convertido a España en uno de los seis únicos países de los 28 de la Eurozona que han reducido su gasto sanitario público, el tercero con mayor reducción tras Grecia y Portugal, con 9.000 millones menos entre 2009 y 2014. Esta sería la gran noticia de un sistema que ha sido capaz de aguantar más presión asistencial con menos recursos a costa de sobrecargar a sus profesionales o no pagar a sus proveedores, según subrayó el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente. Impagos que el Gobierno resolvió en 2012 vía deuda gracias a los mecanismos de financiación habilitados por el Estado que hasta hoy siguen insuflando millones a las comunidades autónomas.
En cualquier caso, y a la vista de la evolución de los indicadores clave del SNS, Puente asegura que “el sistema está descoordinado y desestructurado, es ineficiente e incapaz de garantizar el principio de igualdad”. Desde el Círculo de Sanidad se pide por ello al Gobierno que garantice la equidad, algo que, según precisó, “no significa que si una autonomía quiere ir más allá en sus prestaciones no puede hacerlo, pero sí que debería haber un catálogo común de prestaciones que asegure la asistencia equitativa a los ciudadanos”. Puente instó a aprovechar todos los recursos disponibles, tanto público como privados. “No tiene sentido que se haga un esfuerzo en compra tecnología que ya está en las privadas”, sostuvo al tiempo que reclamó una mayor financiación pública del sistema ya que, en su opinión, “no se puede vivir en números rojos de forma indefinida”.
Juan del Llano también hizo hincapié en el problema de la equidad que se ha acentuado en los años de la crisis al introducir “incertidumbres e inequidades” y distintas velocidades en la atención sociosanitaria. Uno de las principales limitaciones del estudio es la serie temporal elegida, de 2012 a 2014 o 2015, según los últimos datos disponibles. Corresponde el periodo al fin de la crisis y los primeros años de remontada del presupuesto público en sanidad y deja, por lo tanto, lo peor de la crisis, por lo que, de momento, es incompleto.