Los médicos no pueden dejar sola a la industria en la transparencia

El año pasado, el sector farmacéutico dio un paso de gigante al arrojar luz sobre uno de los aspectos más polémicos de su actividad: los pagos que destina a médicos para su formación. La revelación fue más allá de hacer constar que el desembolso rondó los 500 millones en 2015. Los asociados a Farmaindustria también desglosaron cuáles eran los motivos de los pagos. La transparencia sirvió para manifestar que la mayoría responden a compensaciones que los médicos reciben por participar en ensayos clínicos, necesarios para crear nuevos medicamentos. También ayudó a poner en claro cuál es la cuantía real de los pagos en especie, como las “ayudas para asistir a congresos”. La respuesta de Farmaindustria es adecuada ya que demuestra que la mejor manera de acabar con rumores y especulaciones es informar con rigor. Por ello, la patronal va más lejos y, en 2018, publicará también datos individualizados de quienes reciben los pagos. Lejos de apoyar este aperturismo, las principales asociaciones profesionales, a través de la federación Facme, lo critican y amenazan con recursos legales. Su oposición tiene una escasa base, ya que la propia Agencia de Protección de Datos asegura que basta con informar a los médicos, cuyos datos se publicarán, para que esa divulgación sea considerada legal. A ello se debe añadir el hecho de que prácticas de este tipo son habituales en otros países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, sin que generen ese rechazo entre los profesionales sanitarios. Por tanto, en el caso español, estos últimos deberían reconsiderar su actitud y no emboscarse en una opacidad que en nada beneficia al crédito del que deben disfrutar ante la sociedad.

Los médicos alegan una razón de índole fiscal para justificar su negativa a que se publiquen, individualizados, los pagos que reciben de los laboratorios. Aseguran que existe el riesgo de que desembolsos destinados a formación se consideren pagos en especie y los facultativos tengan que tributar por ello. Ese argumento no se sostiene. Como Farmaindustria recuerda, existe incluso una proposición no de ley específica, con el apoyo de PP y Ciudadanos, que protege el actual régimen fiscal de las ayudas formativas para médicos. Informar, con nombres y apellidos, sobre quiénes reciben ese pagos no menoscaba en nada ese reconocimiento. La patronal farmacéutica, por tanto, no debe cejar en su empeño de dotar de más transparencia al sector sanitario.

Los médicos deben aprovechar la oportunidad que les ofrece el plan de Farmaindustria para alejar también de ellos las sospechas. Con esta actitud, alimentan más la polémica