CHEQUEO A LAS CONCESIONES SANITARIAS: AHORRAN 117 MILLONES AL AÑO
La auditoría al ‘modelo Alzira’ en Valencia revela que su reversión subirá el gasto y las listas de espera
Ni el grado de satisfacción de los usuarios, ni el tiempo de las listas de espera, ni mucho menos el coste real por paciente justifican la decisión del Gobierno de Ximo Puig de no prorrogar los contratos concesionales de los cinco departamentos concertados, que se hará efectiva en primer lugar el 31 de marzo de 2018 en Alzira y la comarca de la Ribera, gestionadas por el Grupo Ribera Salud.
El informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana de las cuentas del Hospital de Manises (Valencia) y su área de Atención Primaria vacía de argumentos económicos y asistenciales al Ejecutivo regional y revela que su gestión pública costará dinero a los contribuyentes y tendrá un fuerte impacto presupuestario, por lo que el Ministerio de Hacienda podría tener la última palabra.
La gestión privada del departamento de Manises por parte de Sanitas ha ahorrado, de hecho, el 25 por ciento del gasto corriente sanitario público, 42,5 millones de euros anuales, en relación con otros hospitales comarcales del mismo tamaño de control directo. O, lo que es lo mismo, la gestión pública de la población protegida del departamento de Manises “implicaría un mayor desembolso anual por gasto corriente sanitario en torno a 42,5 millones de euros”, según detalla el informe del órgano fiscalizador que analiza las cuentas de la concesión entre 2009 y 2015.
El coste por habitante protegido de Manises se situaría en 721 euros, de los que cerca de 47 euros son por inversiones, frente al coste de 894 euros de gasto de otros departamentos con hospital comarcal. La decisión del Gobierno tripartito de no prorrogar los contratos se fundamentaría, por lo tanto, solo en razones políticas o ideológicas y no en los “términos de eficiencia, eficacia y economía de la concesión”, analizados por el Tribunal de Cuentas autonómico.
El gasto corriente per capita de las cinco concesiones ascendió en 2015 a 742 euros al año, según el informe. Si se compara esta cifra con los 873 euros per capita que cuesta la asistencia sanitara en los departamentos comarcales de la sanidad valenciana que cuentan con una población protegida homogénea, el ahorro que procura la gestión privada se sitúa en 131 euros por cada una de los 895.003 personas cubiertas por este modelo. En total, la sanidad valenciana se estaría ahorrando 117,2 millones de euros anuales gracias al sistema concesional.
Precisamente la falta de argumentos económicos y asistenciales, además de las normas impuestas en el proceso de reversión iniciado de la concesión del Departamento de Salud de La Ribera, han motivado el recurso que Ribera Salud, el grupo empresarial que gestiona cuatro (Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó), ha interpuesto contra la Administración valenciana a través del despacho de Cuatrecasas. El Grupo defiende la suspensión de dichas normas por entender que son “medidas tomadas unilateralmente” que pueden “paralizar la gestión” del departamento de salud.
La batalla judicial contra la reversión de la gestión de las concesiones “no es fácil que prospere”, como señala a elEconomista Juan Eduardo García Osca, de Olleros Abogados. “La decisión de la Administración de optar por uno u otro modelo es discrecional y la capacidad de un tribunal para controlar las potestades arbitrales es muy limitada”, recuerda este especialista en Derecho Público.
El Gobierno valenciano sí tendrá que correr con el coste laboral y económico que supone no prorrogar la concesión de La Ribera. La decisión compromete el empleo de los 1.800 profesionales que disfrutan en el 95 por ciento de los casos de un contrato indefinido y que pasarían a una nueva categoría laboral como indefinidos “no fijos”, que para ‘Sanidad Solo Hay Una’, la asociación que defiende el modelo Alzira, se equipara a la categoría de temporal. La Administración tendrá que asumir además un mayor gasto derivado de la gestión pública directa de este departamento de salud en 2018 e invertir las cantidades comprometidas por la empresa concesionaria. Sólo en el periodo 2018-2023, Ribera Salud había comprometido un desembolso de 25 millones de euros en la Ribera en nuevos equipamientos, como la construcción de un centro de salud, entre otras dotaciones ya programadas por el Grupo.
La factura pública de la sanidad valenciana podría elevarse 20 millones de euros más al año solo en costes directos, al hacerse cargo de la gestión del departamento de salud de La Ribera, que da cobertura sanitaria a una población de 250.000 personas, además de asumir la carga laboral del personal sanitario. En total, la gestión directa por parte de la administración subiría la cápita actual del centro en 81 euros por habitante respecto al gasto per capita del conjunto de departamentos, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, sin tener en cuenta otros costes de inversión en mantenimiento de infraestructura o equipos, así como en amortizaciones. En total, más de 25 millones de euros al año, contando con las inversiones previstas.
A la luz del informe del síndico valenciano, el coste de revertir la gestión de cualquiera de los cinco departamentos sanitarios será, por lo tanto, millonario para las arcas autonómicas, lo que exigirá la autorización del Gobierno por
tratarse de un incremento del gasto público corriente que contraviene las reglas de estabilidad fiscal y el plan de ajuste que el Ejecutivo regional debe cumplir.
El ahorro y eficiencia de los de los departamentos concesionales está fuera de toda duda, según los datos disponibles. De los cinco departamentos de Salud que tienen un coste per cápita inferior a los 800 euros, cuatro son gestionados en régimen de concesión (Denia, Torrevieja, Elche-Vinalopó y Manises), y sólo uno (La Plana) es de gestión directa.
La Consejería de Sanidad que dirige Carmen Montón se quedaría así sin argumentos para justificar una decisión puramente política que afectará a más de 895.000 habitantes y que figura como uno de los puntos acordados en el llamado Pacto del botánico, que selló la alianza entre los tres partidos de izquierda (PSPV, Podemos y Compromís) que han hecho bandera de su oposición frontal al modelo de gestión indirecta de la sanidad pública.
Una de las razones que explican parte de esta diferencia es el menor coste por empleado. En la concesión de Manises, el coste medio es de 44.722 euros, frente a los 49.453 euros del personal estatutario en los centros comarcales.
Hay, eso sí, una salvedad importante en las cuentas que destaca el síndico y que está pendiente de resolución judicial. Son los 179,8 millones de euros de diferencia global entre propuestas de liquidación de la Administración y el concesionario (a favor de la Administración, periodo 2009-2013) que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Si diera la razón a la Administración en el pleito por diferencias en el cálculo de la cápita y la facturación intercentros de asistencias y prestaciones realizadas a la población protegida, el ahorro de la concesión aún sería mayor. La decisión judicial abriría, eso sí, un agujero en las cuentas de la concesionaria de 35,8 millones de euros anuales que haría inviable el modelo, según la empresa cuyo contrato vence en 2024.
Una de las discrepancias más relevantes se refiere a parte de la facturación intercentros de asistencias y prestaciones realizadas a la población del departamento de Manises en otros centros sanitarios. “El rechazo del concesionario a sufragar parte del gasto incurrido por el servicio prestado a los pacientes de su población protegida pero atendidos en otro departamento, implica que la Administración asume doblemente el coste: la cápita pagada y el coste de la prestación realizada”, sostiene el informe. El auditor no se lava las manos en esta cuestión ya que denuncia la “inexistencia de un procedimiento claro de liquidación”.