LA MINISTRA RENUNCIA A LA REFORMA DEL SNS
Dolors Monserrat no contempla alcanzar grandes acuerdos en esta legislatura después de que los socialistas exhiban un frente común en el CI para demoler los cambios introducidos en 2012
Las reformas y los grandes acuerdos en sanidad, ni están ni se esperan. Al menos en esta legislatura. Ni tan siquiera hay un plan o hoja de ruta como sí hubo en la primera legislatura de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, a pesar de que tanto las comunidades autónomas, como los profesionales y expertos del sector reclaman cambios urgentes en la financiación, una regulación para incorporar la innovación a la cartera de servicios con garantías y un nuevo modelo de recursos humanos que acabe con la temporalidad en el sector y las ineficiencias del régimen estatutario.
El primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el que se estrenaba la ministra, Dolors Montserrat, después de ocho meses en el cargo, decepcionó. Adoleció de la misma falta de ambición que los anteriores y ni tan siquiera abordó la subida de las listas de espera que tanto preocupa a los ciudadanos, pese a un orden del día maratoniano de 31 puntos.
Las cuestiones aprobadas el pasado 21 de junio fueron más de lucimiento para los titulares de Sanidad que medidas efectivas para garantizar la cohesión, equidad y viabilidad de una sanidad pública que el Partido Socialista y Podemos quieren universal sin ningún límite y gratuita sin rastro de copagos. Una palabra esta última maldita y que ya ha desaparecido del vocabulario de la ministra después de avanzar su intención a principios de enero de que “paguen más quienes más tienen”. Más tarde, y tras la polémica levantada, tuvo que corregirse y zanjar en el Congreso a la baja con un “que pague menos quien menos tiene”.
Los consejeros socialistas de Sanidad aprovecharon el último Pleno para hacer frente común y reclamar una vez más la derogación del Real Decreto 16/2012, que introdujo las únicas reformas de calado económico que se han aprobado y llegado a aplicar en la última década.
Desde el paso de la exministra Ana Mato por el Ministerio de Sanidad, ya no se ha vuelto a avanzar en ninguna medida dirigida a garantizar la sostenibilidad de un Sistema Nacional de Salud mantenido artificialmente gracias a la deuda. El propio exministro Alfonso Alonso abortó cualquier intento de profundizar en la línea marcada por el decreto e incluso dio marcha atrás a medidas aprobadas que nunca obtuvieron el consenso de las comunidades autónomas, como la implantación de copagos en los servicios incluidos dentro de la cartera común suplementaria.
Sin la posibilidad de forjar nuevas alianzas políticas para sacar adelante reformas de consenso con un Partido Socialista cerrado en banda y
dispuesto a demoler las reformas aprobadas en 2012, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se estrenó con la convocatoria de un pleno del Consejo Interterritorial tan cargado de temas como vacío de contenidos que se puedan relacionar con reformas necesarias del sistema.
Los consensos se limitaron a acuerdos de reparto de dinero y al lanzamiento de estrategias nacionales que ni son nacionales ni tampoco cuentan con fondos para impulsarlas de forma efectiva. El rechazo de los consejeros socialistas y nacionalistas a que el Consejo Interterritorial asuma un papel ejecutivo, tal y como se proponía en un nuevo reglamento, es significativo del alcance que tiene este órgano de coordinación de la sanidad española, cuyas decisiones no son vinculantes como tampoco son las leyes de obligado cumplimiento, tal y como han demostrado regiones como la Comunidad Valenciana o el País Vasco al subvencionar el copago farmacéutico o dejar en papel mojado el nuevo sistema de aseguramiento sanitario.
Los acuerdos alcanzados en el último Interterritorial no fueron más allá del compromiso de las regiones a ampliar el Plan Nacional de la Hepatitis C para tratar con los nuevos antivirales de última generación a todos los pacientes diagnosticados con el virus bajo prescripción médica, cerca de 60.000 pacientes más que presentan una fibrosis más leve (F0 y F1) y que se suman a los 76.000 ya tratados.
El coste para las arcas regionales de estos tratamientos que curan la enfermedad supera ya los 1.600 millones de euros, que se podrían disparar hasta los 2.200 millones cuando se trate a todos los pacientes. La extensión del programa hasta 2020 no contará ya con el respaldo de un Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario, sino que correrá a cargo de los presupuestos autonómicos.
Precisamente abordar la financiación sanitaria dentro del Consejo Interterritorial fue una de las reclamaciones del Partido Socialista que la ministra cerró con su compromiso de convocar un pleno monográfico sobre esta cuestión “en próximas fechas”, que será cuando concluya sus trabajos la Comisión de Política Fiscal y Financiera.