Los socialistas marcan la agenda sanitaria
El Gobierno carece de discurso sanitario después de cinco años marcados por el Real Decreto de 2012 y con una ministra volcada por entero en la actualidad catalana
El Gobierno lleva cinco años sin liderar cambios en la política sanitaria del país
El Gobierno de Mariano Rajoy perdió la iniciativa política en sanidad en el mismo momento que aprobó el polémico Real Decreto 16/2012 y renunció a ir más allá de la subida de la presión del copago farmacéutico y la confusa modificación del acceso al Sistema Nacional de Salud a través de un sistema de aseguramiento. La derogación de esta norma se ha convertido desde entonces en la principal bandera política de una oposición liderada por el Partido Socialista y en el gran escollo político para avanzar en cualquier reforma.
A falta de un balance oficial sobre el Real Decreto cinco años después que justifique la oportunidad y la eficacia de la norma, sobre todo a la hora de regular el acceso de la población a las prestaciones sanitarias, la oposición sigue haciendo frente común y sacando rédito político para visualizar el aislamiento del Ejecutivo en este terreno.
La última iniciativa en esta dirección ha sido la firma el pasado 12 de septiembre del llamado Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de
Salud público y universal, que impulsan los socialistas junto con 70 organizaciones sanitarias, sociales y sindicales. Es la forma de mantener viva esta estrategia después de que el Gobierno vetase la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista al inicio de la Legislatura para “devolver la sanidad universal a todas las personas que viven en España”. De momento, Ciudadanos no se ha sumado e impide levantar el veto a esta iniciativa legislativa.
Debate monográfico sobre financiación
Lo que sí han logrado los socialistas en el Senado ha sido que el próximo Consejo Interterritorial del SNS abra un debate específico sobre las necesidades de financiación y los criterios para determinar y consensuar una financiación suficiente y estable del SNS. La moción presentada por el portavoz del grupo en materia sanitaria en la Cámara Alta, José Martínez Olmos, salió adelante con los votos a favor también del Partido Popular, que se sumó en una enmienda traslacional junto con el PNV, 44 abstenciones y ningún voto en contra.
Resulta también significativo que sean los socialistas, y no el Ejecutivo, quienes lideren una propuesta que preocupa a todas las comunidades autónomas por igual. Las conclusiones a las que se lleguen en el órgano de coordinación territorial de la sanidad española acabarán sumándose a la comisión creada por la Conferencia de Presidentes.
La financiación de las necesidades crecientes de una sanidad pública que debe hacer frente al progresivo envejecimiento demográfico y al acceso de tecnologías y terapias cada vez más costosas al sistema agobia a los gobiernos autonómicos y sigue sin estar resuelto en un modelo donde los fondos repartidos no son finalistas. Para el portavoz socialista, las propuestas del informe del Grupo de Expertos son “insuficientes”, ya que el sistema sufre de una “insuficiencia financiera crónica” que sitúa en los 8.000 millones de euros al año desde 2012. Martínez Olmos obvia, eso sí, que por lo menos ahora sí se pagan a tiempo las facturas a los proveedores, cuando antes los retrasos en los abonos rebasaron los 16.000 millones de euros. En cualquier caso, esos 8.000 millones de euros son los que los socialistas prometen destinar a la sanidad pública, según el último programa electoral presentado.
Donde también parece haber perdido gas el Ministerio de Sanidad ha sido a la hora de liderar y coordinar la gran oferta pública de empleo anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sanidad se ha plegado a las pretensiones de muchas regiones y así en la última reunión de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, donde se integran las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se planteó posponer los primeros exámenes hasta 2019. Un verdadero jarro de agua fría a las expectativas profesionales de cerca de 200.000 profesionales de acabar por la vía rápida con la temporalidad en sus empleos denunciada por el Tribunal de Justicia de la UE. Los sindicatos mayoritarios del sector ya han denunciado las intenciones de retrasar la convocatoria por motivos puramente burocráticos y creen que la convocatoria se lanzará antes de final de año, aunque los exámenes podrían no estar listos hasta un año después.
La debilidad del Gobierno también está siendo explotada por su valedor parlamentario. Ciudadanos está marcando la agenda sanitaria con propuestas como su petición de dotar al extinguido Fondo de Cohesión con 100 millones de euros para garantizar un acceso igualitario al SNS, una medida compartida también por los socialistas. Tampoco ha dejado de insistir en el flanco de la cohesión para recordar que “si un anciano se rompe una cadera en un CCAA de este país, las posibilidades de que le operen las primera 24 ó 48 horas son del 20 por ciento en unas CCAA, frente a otras que son del 60 ó 70 por ciento”, señaló el portavoz de Sanidad de la formación naranja, Francisco Igea.
Con la ministra Dolors Montserrat ausente de su despacho en el Paseo del Prado para ejercer de facto de cabeza de cartel del Ejecutivo en Cataluña, las únicas pistas sobre los próximos pasos que dará Sanidad las ha avanzado la nueva directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Encarna Cruz, en el encuentro anual de Farmaindustria en Santander. A falta de que se concreten en un plan o estrategia, contribuyeron a generar más dudas entre los líderes de la industria farmacéutica sobre las intenciones de este departamento. Los cambios planteados por Encarna Cruz en el proceso de negociación y revisión de precios de los nuevos medicamentos con el fin de acelerar las decisiones de aprobación o de negación, en la regulación del sistema de precios de referencia para valorar la innovación incremental o en la tramitación parcial del futuro Real Decreto de Precios y Financiación, así como el impulso de los techos de gasto exigen un mayor detalle que las propuestas esbozadas, que añaden más incertidumbre regulatoria a un sector que, precisamente, exige claridad y estabilidad regulatoria para acometer sus inversiones.