LA BIOTECNOLOGÍA PIDE UN PLAN DE RESCATE AL GOBIERNO
Las empresas están ahogadas por el coste de los préstamos públicos concedidos en los años de crisis
Las compañías biotecnológicas creen que ha llegado el momento de que el Gobierno proponga un nuevo modelo de financiación pública en I+D y rescate a un sector donde muchas empresas están ahogadas por el coste de los préstamos concedidos y al borde de la liquidación, según sostiene la patronal Asebio. ¿Cuántas? El director general de Asebio, Ion Arocena, prefiere ser cauto y no avanza una cifra a elEconomista, pero reconoce que la financiación de la I+D+i empresarial mediante préstamos públicos ha provocado que “muchas empresas estén altamente endeudadas y se vean abocadas a la liquidación”.
La situación es “dramática”, alertan en Asebio. El recurso utilizado por los distintos ejecutivos durante los años de la crisis para seguir financiando la I+D pública mediante préstamos que no computan como déficit se ha convertido, al final, en una trampa, sobre todo, para las compañías más pequeñas, admiten desde la patronal. “El problema generado es que las empresas están sobreendeudadas, ha subido la morosidad y se han elevado las garantías para restringir el acceso a la financiación”, explica Andrés Ballesteros, delegado de la Comisión de Retos Transversales de la patronal.
De momento, el saldo demográfico empresarial no reflejaba esta situación tan crítica. Con datos que solo alcanzan hasta 2015, la tendencia se había invertido y, en lugar de reducirse el número total de empresas que realizan actividades relacionadas con la biotecnología, tal y como se venía produciendo en 2013 y 2014, se ha incrementado en unas 240 empresas y el total se aproxima a los máximos históricos superiores a las 3.000 empresas registradas entre 2011 y 2012.
Lo que sí se aprecia en 2016 y es señal de alarma, según los datos del INE, es que se han reducido de forma considerable tanto el presupuesto público total destinado a I+D, como la cantidad concedida y el importe total del tramo no reembolsable. Todo ello ha tenido también un fuerte impacto en el número de proyectos de I+D aprobados el año pasado, que ha pasado de 46 en 2015, a 29 en 2016 -ver tabla-.
Está claro que las biotecnológicas en España presentan una debilidad estructural causada por la dificultad para encontrar financiación y, sobre todo, por su coste, lo que limita el crecimiento del sector y también su capacidad para competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas europeas, que tendrían mucho más sencillo el acceso a subvenciones y programas de ayudas públicas.
El uso continuado del Capítulo VIII para cofinanciar la innovación a través de préstamos y los proyectos que llevan aparejado un alto riesgo y plazos de maduración amplios es “inadecuado, por su propia rigidez y su naturaleza reembolsable”, se apunta ya en la memoria de Asebio, y ha generado un problema para las empresas innovadoras. Y es que ahora es Hacienda quien además gestiona las ayudas, llevando la recaudación de la deuda “hasta el final, como si se tratara de cualquier otra empresa o particular que no paga sus impuestos”, explica Ballesteros. “Si el préstamo de una biotecnológica es de 10 años a interés cero y se produce un impago, Hacienda exige ahora
El número total de proyectos de I+D aprobados ha pasado de 46 en 2015 a 29 en 2016
interés de demora y, además, reduce el periodo de pago. Es absurdo, no se tiene en cuenta el perfil de la empresa”, se lamenta.
Se trata de un diagnóstico que conocen bien tanto en la Secretaría de Estado de I+D+i como en el Ministerio de Hacienda, admite Ion Arocena, quien considera que es el momento de proponer soluciones. La más urgente es flexibilizar y aplazar la devolución de las ayudas basadas en deuda para las empresas que no puedan afrontar el pago, con mecanismos de renegociación de los vencimientos y planteando conversiones de la deuda en deuda subordinada o bien en capital. El cierre de empresas “no tiene ningún sentido, porque además de destruirse riqueza y empleo, el Estado no recupera nada llevando a la liquidación a las empresas”, justifica Ballesteros.
No se trata de una medida excepcional, sino que ya se ha aplicó en el último ejercicio. La orden de aplazamiento y fraccionamiento de cuotas de préstamos derivadas de ayudas de I+D+i fue publicada así en el BOE en enero de 2016 y supuso un balón de oxígeno para multitud de empresas biotecnológicas al permitirles continuar operando y desarrollando sus proyectos, según se recoge en la memoria anual de Asebio.
Más fondos para I+D
El sector reclama, además, una subida de los fondos destinados a I+D en los Presupuestos Generales del Estado, con un mayor peso de las partidas no financieras. Es decir, las compañías piden más subvenciones y políticas basadas en inversión en capital frente a los préstamos. Y es que esta vía está agotada, como demuestra que la ejecución presupuestaria apenas alcanzó el 38 por ciento de los fondos dispuestos en 2016, el nivel más bajo de los últimos años, según avanzó ya la Confederación de Sociedades Científicas de España.
Desde el año 2009, el mix de financiación de la I+D se ha ido desnivelando a favor de los fondos financieros que, en 2015, absorbieron el 63 por ciento de los recursos disponibles para ese año. Aunque en el año 2016 mejoró la situación, en 2017 los fondos no financieros alcanzaron los 2.612,11 millones de euros (el 40 por ciento del total), frente a los 3.901,67 millones de euros de los financieros destinados en los Presupuestos Generales del Estado.
Otras medidas pasan por la mejora de la fiscalidad para inversores y la fiscalidad de la inversión en I+D+i, sobre todo para empresas de alta intensidad en I+D, con el fin de configurar un ecosistema más dinámico e innovador.