Una decisión basada en razones políticas y no en la eficiencia del modelo

Ni el grado de satisfacción de los usuarios, ni el tiempo de las listas de espera, ni mucho menos el coste real por paciente justifican la decisión del Gobierno de Ximo Puig de no prorrogar los contratos concesionales de los cinco departamentos concertados, comenzando el 31 de marzo de 2018 por Alzira y la comarca de la Ribera, gestionadas por el Grupo Ribera Salud. El informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana del Hospital de Manises (Valencia) y su área de Atención Primaria vacía de argumentos económicos y asistenciales al Ejecutivo regional y revela que su gestión pública costará dinero a los contribuyentes y tendrá un fuerte impacto presupuestario, por lo que el Ministerio de Hacienda podría tener la última palabra. La gestión privada del departamento de Manises por parte de Sanitas ha ahorrado, de hecho, el 25 por ciento del gasto corriente sanitario público, 42,5 millones de euros anuales, en relación con otros hospitales comarcales del mismo tamaño de control directo. O, lo que es lo mismo, la gestión pública de la población protegida del departamento de Manises “implicaría un mayor desembolso anual por gasto corriente sanitario en torno a 42,5 millones de euros”, según detalla el propio órgano fiscalizador.