Sanidad universal: del mensaje buenista a su choque con la realidad
Las dos medidas en materia de Sanidad anunciadas por el Gobierno: instaurar la llamada sanidad universal -lo que en su expresión máxima sería volver a dar asistencia sanitaria gratuita a todos los extranjeros- como la posibilidad de eliminar el copago a los pensionistas, tiene un coste aproximado para las regiones de unos 1.500 millones de euros. Esta cantidad se uniría al déficit anual que arrastran los Ejecutivos autonómicos con la atención sanitaria, que cada año suele rondar los 6.000 millones de euros.
Y es que desde la transferencia de las competencias sanitarias en 2001, e incluso durante la gestión del Insalud, los presupuestos sanitarios nunca han reflejado la realidad del gasto que deben afrontar cada año las autonomías. Esta ha sido la regla desde entonces, que ni el control de las cuentas llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda durante los dos últimos años ha logrado alterar.
Por eso, en el último Consejo Interterritorial de Sanidad, los consejeros de Sanidad de una buena parte de las autonomías le afearon a la nueva ministra Carmen Montón la falta de concreción y la ausencia de memoria económica que fije el coste real de la propuesta del Gobierno para dar asistencia plena, sin límites ni condiciones, a todos los extranjeros en situación irregular en España. La medida situaría a la sanidad española como una de las más generosas y añade más presión asistencial y financiera a un Sistema Nacional de Salud que tiene en la cronicidad y el envejecimiento sus grandes retos de futuro.
El dedo en la llaga lo ha puesto el anterior responsable de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz. El otra veces admirado gestor ha reclamado una legislación clara que establezca un periodo mínimo de residencia en España de dos o tres años para acceder a las listas de espera en trasplantes. Y lo mismo cabría decir de la atención farmacológica a enfermos con hepatitis C o con otras terapias de alto coste en enfermedades raras u oncología. Porque, ¿qué Estado podría financiar los nuevos antirretrovirales a todas las personas que entrasen en territorio nacional? O ¿qué ocurre con la asistencia en inmigrantes irregulares que, pese a que han sido reconocidos con el derecho a ser atendidos, salen de las fronteras de España? La asistencia sanitaria universal -que ya daban de hecho todas las comunidades- tiene en la práctica más derivadas que un simple mensaje buenista.