¿A quién le interesa más una sanidad pública menos eficiente?
Abrimos la revista de este mes con un nuevo alegato a favor de una Sanidad donde se tomen las decisiones teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible y todos los recursos al alcance, pero sabiendo también que hace falta un impulso y compromiso político férreo para defender este enfoque sin complejos. Hoy se carece de ambas cosas y, por eso, el actual Gobierno y Podemos anuncian que “se blindará nuestro sistema público contra privatizaciones”, amén de consagrar el “carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario”, sin apenas oposición.
Con total desprecio de la realidad y de lo que representa el sector sanitario privado, se pretende imponer así una visión que busca marginar la necesaria contribución privada a la modernización y mantenimiento del Sistema Nacional de Salud “priorizando cuestiones ideológicas por encima de los datos”, como bien ha apuntado la CEOE. Hoy traemos a nuestra portada las conclusiones de una investigación nada sospechosa de representar intereses privados que cuestiona esta estrategia. El resultado es claro. Los hospitales de gestión pública directa tradicional, sin personalidad jurídica ni autonomía, son menos eficientes que aquellos que están configurados como empresas públicas, consorcios o fundaciones.
A la vista de este análisis comparado de la eficiencia, cabe preguntar por qué se sigue defendiendo el monopolio de la gestión pública directa en Sanidad si sus resultados en eficiencia y satisfacción de los propios pacientes están por debajo de los obtenidos por centros concesionarios o de gestión privada, que gozan de una mayor flexibilidad y autonomía en la utilización de sus recursos. Es sabido, y los autores así lo reconocen, que el carácter estatutario de los profesionales que trabajan en la sanidad pública es un “lastre para la eficiencia del hospital y, consecuentemente, para el buen uso de los recursos públicos financiados con impuestos”. ¿Por qué se sigue manteniendo esta regulación laboral que ningún otro país de nuestro entorno aplica y que es contraria a los intereses generales y los de los propios pacientes?
Son rémoras que están impidiendo reformar una Sanidad que debe afrontar un reto mayúsculo como el envejecimiento acelerado de la población y la introducción de nuevas tecnologías, sin disponer todavía de una cultura de medición del verdadero valor que aporta la innovación y sin contar con un consenso político básico sobre los pilares del modelo.