Precio mínimo a los fármacos: no es la solución, pero sí un claro síntoma
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), que representa a las 22.000 farmacias en España, ha lanzado una polémica propuesta este verano: fijar un precio mínimo por caja de medicamento financiado -con receta- que se vende en las farmacias. Y considera que ese umbral debe estar en los 3 euros de PVP (precio de venta al público). Estos 3 euros equivaldrían a un precio de 1,92 euros a PVL (precio de venta del laboratorio) y para la mayoría de los usuarios -con un copago actual del 50 por ciento en los medicamentos con receta- supondría un precio mínimo de 1,5 euros por caja. La patronal de las farmacias asegura que esta falta de rentabilidad está detrás de los desabastecimientos de fármacos que se están produciendo en los últimos meses en España.
Sin duda, se trata de una petición con muchos matices y a mejorar, pero las boticas tienen sólidas razones para realizarla. Para empezar, el precio medio de los fármacos en España es un 15 por ciento más bajo que la media de la eurozona. Aunque lo más importante es que toda medida en la línea de lo que las farmacias solicitan -también se podría eliminar la receta para los fármacos más baratos- aseguraría la rentabilidad de las boticas y de los laboratorios. Con ello se evitarían los cierres de farmacias en áreas poco pobladas, que necesitan garantías suficientes de negocio para seguir ofreciendo una adecuada asistencia para los pacientes.
El sector farmacéutico teme además ser uno de los más afectados por la inestabilidad política y la decisión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de no liberar los 7.200 millones de euros que debe abonar a las comunidades autónomas por las entregas a cuenta de 2019. Los colegios farmacéuticos temen que la falta de tesorería de las regiones repercuta de nuevo en sus cuentas y se vuelvan a repetir los retrasos en los pagos de las recetas dispensadas cada mes a los ciudadanos. Además, los proveedores del Sistema Nacional de Salud ya están avisando que los impagos se están agravando. Por ejemplo, la deuda con las empresas de tecnología sanitaria roza los 1.000 millones de euros.
Es, en definitiva, un ciclo que amenaza a la sanidad española y a sus proveedores con devolverles a la casilla de salida de un sistema que, aunque eficiente, siempre ha adolecido de una infrafinanciación crónica que impide acometer las reformas necesarias para dotar al modelo de previsión y garantías de cara al futuro.