Conciertos privados más baratos
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reconocía en una entrevista a este diario que “si el Ministerio toma esa decisión dará financiación a las comunidades autónomas para eliminar el copago farmacéutico porque, si no, volveríamos al yo invito y tú pagas. No se puede tomar esa decisión si la carga presupuestaria la llevan las comunidades autónomas”, sostenía.
Está por ver en qué queda la intención de dificultar la participación de agentes privados en la gestión sanitaria, una vez que las 17 comunidades autónomas destinaron un total de 5.710 millones de euros a conciertos con la sanidad privada en 2016, lo que supuso un 7,3% de media de su gasto sanitario total, según los datos aportados en el informe Sanidad Privada, aportando valor. Análisis de situación 2019 de la
Fundación IDIS.
Absorber ahora esta actividad en el sector público obligaría a desembolsar más dinero, una vez que la sanidad privada resulta más eficiente y barata, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Este organismo, que agrupa a los principales grupos sanitarios privados, calcula que el coste medio de los principales Grupos Relacionados de Diagnóstico es un 45% menor en los centros concertados privados que en la gestión pública directa. En el caso del modelo de los mutualistas, por ejemplo, sería también un 40% más barato, mientras que el sistema concesional resultaría entre un 25-30% más económico, como demostró el Síndico de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Cumplir, por lo tanto, esta promesa del Gobierno social-comunista equivaldría a sumar más gasto público. Enrique Ruiz ya avisó recientemente de las consecuencias de revisar la colaboración público privada en sanidad: “cuando la izquierda habla de revisar, uno habitualmente, como mínimo, se pone en alerta”, aseguró.
Queda, por lo tanto, saber cómo y quién sufragará este esfuerzo, una vez que solo el alza de las pensiones costará al erario público 7.869 millones de euros adicionales que agotan cualquier esfuerzo suplementario de mayor gasto, cuando 2019 se cerró con un desajuste fiscal del 3% frente a la previsión del 1,3%.
De momento, las cinco regiones gobernadas por el PP -Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, además de Ceuta- han hecho un frente común para exigir, en primer lugar, la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar, entre otras cuestiones, la financiación sanitaria. Desde hace más de un año no se convoca este órgano. Entre otros frentes, está pendiente el pago de los ingresos a cuenta del IVA de diciembre de 2017, que ascienden a 2.500 millones de euros, además de la reclamación de entregas a cuenta imprescindibles para afrontar el pago a los proveedores sanitarios.